Una enfermera del Hospital Ginecobstétrico \»José Ramón López Tabranes\» en Matanzas permanece hospitalizada tras ser atacada por su expareja sentimental en el interior del centro asistencial. El incidente, que expone la vulnerabilidad de las mujeres incluso en sus espacios de trabajo, fue confirmado por la Dirección Provincial de Salud, la cual informó que el agresor fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades sanitarias de la provincia, el ataque ocurrió en horas de la noche. La institución médica afirmó que se activaron los protocolos de seguridad, permitiendo neutralizar la amenaza y detener al presunto agresor de inmediato. La víctima recibió atención médica en el propio hospital; su estado de salud es estable, pero permanece bajo observación y recibe apoyo psicológico, según detalló la dirección del centro.
Una crisis de género que las autoridades minimizan
Este caso se suma a la alarmante crisis de violencia machista que azota a la isla. Según datos del Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC), en lo que va de año se han confirmado 30 feminicidios, el asesinato de un hombre por motivos de género y tres intentos de feminicidio. Con la nueva agresión reportada en Matanzas, la cifra de intentos asciende a cuatro. Ambas organizaciones independientes también investigan alertas de crímenes de este tipo en provincias como Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey.
El régimen de La Habana ha mostrado una histórica reticencia a abordar esta emergencia con la transparencia requerida. Aunque el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad estatal, informó en julio sobre 76 mujeres asesinadas por razones de género en procesos judiciales concluidos en 2024, el informe evitó deliberadamente utilizar el término \»feminicidio\». De esos casos judicializados, 55 fueron perpetrados por parejas o exparejas. Desde 2019, colectivos independientes han verificado más de 270 feminicidios, operando en un entorno hostil marcado por la inexistencia de una tipificación legal específica para este delito.
La opacidad institucional del gobierno cubano, que se niega a publicar estadísticas sistemáticas y desagregadas con enfoque interseccional, obstaculiza cualquier intento real de dimensionar el fenómeno. Mientras las autoridades maquillan la crisis con eufemismos como \»violencia de género extrema\», la ciudadanía exige la creación de protocolos públicos de registro y una ley integral. La inacción legislativa y la criminalización del activismo feminista evidencian cómo la dictadura cubana prioriza el control político y la propaganda sobre la vida, la protección y la seguridad de las mujeres en la isla.
