Las plataformas feministas independientes YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) han confirmado el tercer feminicidio de la semana, elevando a 15 la cifra de crímenes machistas verificados en la isla durante 2025. La víctima más reciente, Rosa María (Rosy) Santana Álvarez, fue asesinada presuntamente por su expareja en la provincia de Sancti Spíritus, un hecho que evidencia la persistencia y gravedad de la violencia de género en un país donde las autoridades mantienen una política de invisibilización del problema.
Santana Álvarez, cuya edad rondaba los 27 y 29 años, perdió la vida el pasado 4 de mayo en el campismo popular «La Hormiga», situado en la zona del Escambray, municipio de Fomento. La joven deja atrás dos hijos en la orfandad, una tragedia que las organizaciones independientes han documentado gracias al esfuerzo conjunto de activistas, medios de prensa y fuentes comunitarias, quienes se ven obligados a suplir las deficiencias del aparato estatal en la recopilación de datos sobre violencia intrafamiliar.
Este caso se suma a otros dos feminicidios confirmados apenas un día antes por ambas plataformas. Se trata de Yilianys Reyes Fundora, una adolescente de apenas 17 años ultimada el 27 de abril en el municipio Esmeralda, Camagüey, y Daimí Tamayo Milián, de 36 años, asesinada el 25 de abril por su expareja en Bartolomé Masó, Granma. En este último caso, el agresor se quitó la vida tras cometer el crimen, un patrón que se repite con alarmante frecuencia en los episodios de violencia extrema en el país.
El subregistro actualizado por los observatorios hasta la primera semana de mayo asciende a 15 casos verificados, aunque las organizaciones advierten que existen alertas adicionales bajo investigación en provincias como Artemisa, Matanzas, Santiago de Cuba y La Habana. La dificultad para obtener cifras exactas es una constante en la isla, donde el control de la información por parte del régimen de La Habana impide un diagnóstico real y transparente de la crisis de seguridad ciudadana.
El colapso estructural y sus efectos en la verificación de crímenes
En su comunicado, YSTCC y OGAT señalaron un factor crítico que agrava aún más la situación: el colapso del sistema eléctrico. «El poco servicio eléctrico y la desconexión afectan cada día más la verificación de estos dolorosos crímenes», denunciaron las organizaciones. Los apagones prolongados, que superan las 10 y 15 horas diarias en gran parte del territorio nacional, no solo frustran la vida cotidiana y la economía, sino que obstaculizan el trabajo de los activistas que intentan documentar violaciones de derechos humanos desde la base comunitaria.
La crisis energética es apenas una de las múltiples aristas del colapso estructural que atraviesa Cuba. La inflación galopante, el desabastecimiento de productos básicos, el hacinamiento en las viviendas y la falta de perspectivas de futuro han generado un caldo de cultivo para la violencia intrafamiliar. En este contexto de precariedad extrema, las mujeres cubanas sufren una doble vulnerabilidad: enfrentan la subsistencia en un sistema fallido y, al mismo tiempo, la amenaza latente de la violencia machista en un entorno donde el Estado no ofrece protección ni recursos legales efectivos.
El deterioro de los servicios públicos, incluida la inoperancia del sistema de transporte y la falta de combustible, también dificulta que las víctimas de violencia puedan buscar ayuda o escapar de sus agresores. A esto se suma la inexistencia de refugios estatales o casas de acogida para mujeres maltratadas, una carencia institucional que deja a las víctimas a merced de sus victimarios dentro de los propios hogares.
Antecedentes de una tragedia invisibilizada
La situación no es nueva, pero tiende a agravarse año tras año. En 2024, YSTCC y OGAT lograron verificar 55 feminicidios, además de múltiples intentos de asesinato y seis casos sin acceso a investigación por parte de las autoridades. Aunque en el primer semestre del año pasado se reportó una aparente reducción del 43 % en comparación con el mismo período del año anterior, los colectivos feministas aclararon en su momento que esta disminución no respondía a una baja real en la violencia, sino a la creciente dificultad para acceder a información confiable debido a la censura y el colapso de las comunicaciones.
La propia dictadura cubana se ha visto obligada a reconocer, de manera tardía y parcial, la magnitud del desastre. En agosto del año pasado, las autoridades informaron que los tribunales habían identificado 110 mujeres mayores de 15 años asesinadas por sus parejas o exparejas en 2023. La fiscal general, Yamila Peña, admitió que el 72 % de las víctimas tenía entre 25 y 59 años, que el 84 % de los agresores eran parejas o exparejas, y que el 31 % de estos tenía antecedentes penales por hechos violentos. Estos datos, reveladores de la ineficacia del sistema de justicia para prevenir tragedias, contrastan con el silencio oficial habitual.
Respuestas oficiales insuficientes ante la emergencia
A finales de julio de 2024, el ejecutivo cubano anunció la creación de un sistema nacional para el registro, atención y monitoreo de la violencia machista. Sin embargo, desde la sociedad civil, la medida ha sido percibida como un maquillaje institucional carente de voluntad política real. Las organizaciones feministas han sido tajantes al respecto: sin un reconocimiento oficial de la gravedad del problema y sin la promulgación de leyes que protejan efectivamente a las mujeres, los feminicidios continuarán en aumento.
En este escenario, la exigencia de las plataformas independientes para que el gobierno cubano declare un «estado de emergencia por violencia de género» resuena con más fuerza. Tal declaración implicaría destinar recursos urgentes, diseñar protocolos de protección inmediata y, sobre todo, dejar de tratar la violencia machista como un asunto privado para asumirlo como una crisis de seguridad pública y derechos humanos que compromete a la nación entera.
La respuesta del Estado, no obstante, sigue anclada en la inacción y el control narrativo. La dictadura prefiere mantener la fachada de una sociedad igualitaria antes que admitir el fracaso de sus políticas sociales y el profundo arraigo del machismo en la estructura institucional y social. Mientras tanto, el éxodo migratorio, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en los últimos años, también se ceba con las mujeres, muchas de las cuales huyen no solo de la miseria económica, sino de relaciones abusivas de las que el sistema no las protege.
Consecuencias y panorama futuro
El aumento de los feminicidios en 2025 proyecta un panorama desolador para las mujeres en la isla. La falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades de la isla y la ausencia de un marco legal integral contra la violencia de género mantienen a la población femenina en un estado de indefensión permanente. La labor de plataformas como YSTCC y OGAT se erige como el único registro fiable en un país donde el silencio oficial es cómplice de la tragedia.
La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán intensificar su escrutinio sobre la situación de la mujer en Cuba. La presión externa, sumada a la resistencia y documentación de la sociedad civil, es vital para exigir al régimen de La Habana políticas públicas reales y no simples anuncios propagandísticos. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad directa en la prevención y sanción de la violencia machista, los nombres de Rosy, Yilianys, Daimí y muchas otras seguirán engrosando la lista de víctimas de un sistema que ha fallado en su obligación más básica: proteger la vida de sus ciudadanos.
