El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la imposición de sanciones a la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (CUPET). La medida, ejecutada bajo la Orden Ejecutiva 14404, busca cortar el flujo de recursos que el régimen de La Habana destina al sostenimiento de sus privilegios mientras la población sufre una profunda crisis energética.
A través de un comunicado, Rubio detalló que la empresa petrolera ha operado durante décadas como un mecanismo de control social y enriquecimiento ilícito. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que, mientras los ciudadanos enfrentan prolongados apagones y una severa escasez de combustible, el gobierno cubano prioriza los recursos energéticos para sostener el avión privado de la familia Castro, abastecer a las fuerzas de seguridad encargadas de la represión interna y mantener en funcionamiento instalaciones turísticas exclusivas.
Las medidas adoptadas implican el bloqueo inmediato de todos los bienes e intereses de CUPET que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro será la encargada de aplicar las restricciones, las cuales también se extienden a cualquier entidad propiedad en un 50 % o más de la empresa sancionada. Quedan prohibidas todas las transacciones, entrega de fondos o servicios que involucren a la petrolera estatal sin una licencia expresa.
Endurecimiento de la política hacia La Habana
La decisión contra CUPET se enmarca en una reciente batería de medidas de Washington contra las figuras e instituciones clave del poder en la isla. Hace menos de una semana, la OFAC incluyó en su lista de sanciones a Miguel Díaz-Canel, su esposa Lis Cuesta, su hijastro Manuel Anido Cuesta, así como a Alejandro Castro Espín y Raúl Alejandro Castro Calis, miembros de la familia Castro. Además, fueron sancionadas cinco entidades estatales, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
El endurecimiento del cerco financiero a las instituciones que sostienen a la dictadura cubana busca asfixiar los mecanismos de represión y los negocios de la cúpula militar. La medida expone con crudeza la desconexión total entre las autoridades de la isla y la realidad ciudadana: un sistema que privatiza el bienestar y la energía para la élite, mientras socializa el colapso de los servicios básicos para el resto de la población, profundizando un escenario de crisis que seguirá empujando a miles de cubanos hacia el exilio migratorio.
