La empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba anunció este jueves dos nuevos paquetes de navegación móvil —uno adicional de 2 GB por 1.200 pesos cubanos y otro sectorial de 6 GB por 360 CUP destinado a estudiantes universitarios— que estarán disponibles a partir del 20 de junio. Las medidas, presentadas como respuesta a las protestas universitarias de las últimas semanas, fueron inmediatamente repudiadas por usuarios en redes sociales, quienes las calificaron de insuficientes y abusivas frente a los salarios vigentes en la isla.
El anuncio llega después de semanas de creciente indignación ciudadana y movilizaciones estudiantiles en varias universidades del país, donde jóvenes denunciaron el encarecimiento de los servicios móviles implementado por ETECSA y exigieron soluciones reales para acceder a Internet sin tener que recurrir al mercado dolarizado. La empresa monopolio de las telecomunicaciones en Cuba aseguró que los nuevos planes «tuvieron en cuenta los criterios emitidos por diversos sectores de la población», una afirmación que la respuesta ciudadana se encargó de desmentir en cuestión de horas.
El plan «adicional» de 2 GB por 1.200 CUP y el plan «sectorial» de 6 GB por 360 CUP para universitarios representan, según los propios usuarios, un alivio ilusorio. Mientras el primer paquete mantiene un precio inalcanzable para la mayoría de los cubanos —cuyos salarios medios oscilan entre 4.000 y 8.000 pesos—, el segundo, aunque más accesible, refuerza una lógica segmentada que divide a la población entre quienes tienen derecho a conectividad y quienes quedan excluidos por no pertenecer a un grupo privilegiado.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. «Sigue siendo un precio abusivo», «Eso es otra estafa» y «Ya comer es difícil con los precios altos» fueron algunos de los comentarios más repetidos. Un usuario realizó un cálculo que se volvió viral: si un jubilado que cobra la pensión mínima de 1.680 CUP adquiere el plan adicional de 1.200 pesos, le quedarían apenas 480 pesos para sobrevivir todo el mes, una cifra que no alcanza ni para una semana de alimentación básica en el mercado actual cubano.
Cubanet Suscripción
El teatro del diálogo: estudiantes convocados por el régimen
Paralelamente al anuncio de las nuevas tarifas, medios oficiales difundieron que un grupo de trabajo conjunto entre estudiantes universitarios seleccionados y directivos de ETECSA elaboró más de 40 propuestas técnicas y de comunicación para mejorar el servicio. Los estudiantes fueron divididos en tres grupos —Operaciones, Comercial y Comunicación— y participaron representantes de varias provincias, según la información oficial.
Entre las ideas presentadas figuran ajustes técnicos como la virtualización de nodos, el rediseño del portal de navegación y propuestas de comunicación para futuras crisis. También se mencionaron cambios administrativos que permitirían a padres designar beneficiarios de líneas móviles, una función útil en entornos familiares complejos. Sin embargo, críticos dentro y fuera de la isla señalan que esta puesta en escena del diálogo responde más a una estrategia de contención social que a una voluntad genuina de transformar el modelo de conectividad.
La convocatoria a estudiantes seleccionados —no elegidos por sus bases, sino designados por las autoridades universitarias— reproduce una dinámica habitual del régimen de La Habana: crear espacios de «diálogo» controlados donde la disidencia y las voces más críticas quedan excluidas, mientras se proyecta hacia el exterior una imagen de apertura y disposición al debate. El resultado, señalan analistas, es un conjunto de propuestas cosméticas que no alteran la estructura de poder sobre la información en Cuba.
El «apartheid informativo» y la dolarización de la conectividad
El problema de fondo que las nuevas tarifas no resuelven es lo que activistas y académicos han denominado «apartheid informativo»: un sistema que penaliza al ciudadano sin acceso a divisas y privilegia a quienes pueden pagar en dólares desde el extranjero o a través de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC). En la práctica, la mayoría de los cubanos depende de remesas o de recargas enviadas por familiares en el exterior para mantenerse conectados, lo que convierte a ETECSA en una de las principales fuentes de captación de divisas para el gobierno cubano.
Esta dolarización de las telecomunicaciones no es un fenómeno aislado, sino que se inscribe en la misma lógica que rige buena parte de la economía cubana: tiendas en MLC que venden productos básicos inalcanzables en pesos, servicios turísticos reservados para quienes pagan con tarjeta extranjera y un mercado informal donde el dólar marca el ritmo de la supervivencia. La conectividad, lejos de ser un derecho universal, opera como otro mecanismo de extracción de divisas y control social.
Contexto: crisis estructural y represión a la protesta
Las protestas universitarias que motivaron el anuncio de ETECSA no ocurrieron en el vacío. Se inscriben en un panorama de crisis económica profunda que ha deteriorado las condiciones de vida de la población a niveles no vistos en décadas. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, los apagones prolongados y el colapso del sistema de salud pública han generado un clima de descontento que el gobierno cubano ha intentado contener mediante una combinación de represión selectiva, censura y concesiones mínimas como las anunciadas este jueves.
El exodo migratorio, que según diversas estimaciones ha superado el medio millón de personas en los últimos años hacia Estados Unidos alone, constituye la manifestación más visible del agotamiento del modelo. Las salidas de cubanos por Nicaragua, Venezuela y otros países de tránsito reflejan la desesperanza de una población que ya no ve posibilidades de mejora dentro del sistema vigente. En ese contexto, el acceso a Internet funciona como una ventana al mundo y una herramienta de denuncia, lo que explica la sensibilidad del régimen ante cualquier movilización que parta de las universidades.
La respuesta represiva del gobierno cubano ante las protestas estudiantiles también sigue un patrón conocido: identificación de líderes, amenazas de expulsión universitaria, citaciones por parte de la Seguridad del Estado y campañas de descrédito en medios oficiales. La dictadura cubana ha demostrado repeatedly que tolera la crítica solo dentro de los márgenes que ella misma define, y que cualquier exigencia que cuestione la concentración de poder es tratada como un acto de subversión.
Antecedentes: un historial de promesas incumplidas
Los anuncios de ETECSA siguen un patrón que se ha repetido a lo largo de los años: ante la presión social, la empresa introduce modificaciones tarifarias presentadas como concesiones, pero que en la práctica no alteran el modelo de negocio ni la lógica de exclusión. En 2019, cuando se habilitó por primera vez la navegación móvil en redes 3G y 4G, las tarifas iniciales también fueron consideradas prohibitivas y solo se redujeron parcialmente tras la presión internacional y nacional.
El histórico de ETECSA como monopolio estatal sin competencia ni regulación independiente ha permitido a la empresa mantener precios desproporcionados respecto al poder adquisitivo real de la población. Mientras en otros países de la región un gigabyte de datos móviles cuesta una fracción mínima del salario mínimo, en Cuba representa una porción sustancial de los ingresos mensuales de un trabajador promedio, lo que limita drásticamente el uso de Internet a funciones básicas y suprime el consumo de contenidos.
Consecuencias y perspectivas
Las medidas anunciadas por ETECSA, lejos de apaciguar el descontento, parecen haberlo avivado. La percepción generalizada de que se trata de una maniobra cosmética ha generado un nuevo ciclo de críticas en redes sociales y ha reforzado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. La promesa de planes sectoriales, en particular, ha sido cuestionada por introducir criterios de segmentación que pueden ser utilizados como herramientas de control: definir quién es estudiante universitario «elegible» queda en manos de las autoridades académicas, lo que abre la puerta a la discriminación política.
Para la ciudadanía, las consecuencias son inmediatas: la brecha digital se profundiza, el acceso a la información sigue siendo un privilegio y la conexión a Internet permanece condicionada al favor del poder. La comunidad internacional, por su parte, ha mantenido una postura de condena retórica sin acciones concretas que presionen al régimen de La Habana hacia una apertura real del espacio informativo. Mientras tanto, las universidades —histórico bastión del pensamiento crítico en Cuba— continúan siendo el escenario donde se libra una de las batallas más importantes por el derecho a la información y la libertad de expresión en la isla.
El fondo del problema, como han recordado persistentemente las voces que se alzan desde las redes y las aulas, no es técnico ni tarifario: es político. La concentración monopolio de las telecomunicaciones, el control de la información y la criminalización del disenso forman parte de un mismo dispositivo de poder que las concesiones mínimas de ETECSA no modifican. Mientras la dictadura cubana mantenga intacta su arquitectura de control sobre la conectividad, cualquier anuncio de «nuevos planes» será leído por la ciudadanía como lo que ha demostrado ser: otra promesa vacía en un sistema diseñado para excluir.
