Una familia residente en La Maya, Santiago de Cuba, enfrentó un severo brote viral sin acceso a medicamentos pediátricos, agua potable ni atención médica oportuna, evidenciando el profundo deterioro del sistema sanitario y la aguda crisis de subsistencia que padecen los ciudadanos bajo el régimen de La Habana.
El pequeño Dariel Acosta Mora, de apenas tres años, fue el primero en presentar síntomas, seguido rápidamente por su madre, Yaritza, y su abuela. Las altas temperaturas, los vómitos y la inapetencia obligaron a la familia a recurrir a paracetamol para adultos, ante la total ausencia de antipiréticos infantiles en el mercado. La incertidumbre diagnóstica —con la sospecha de dengue, oropouche, influenza o COVID-19— agravó la angustia de una madre que vio en la pérdida de gusto y olfato un alarmante recuerdo de la pandemia.
La escasez extrema obligó a los adultos a administrar al niño dipirona caducada, reservada para emergencias, y a comprar un blíster de paracetamol por 300 pesos para administrarlo solo en los picos febriles más críticos. La crisis no se limitó a la falta de fármacos; la inexistencia de agua potable imposibilitó las prácticas de hidratación básica y las inhalaciones caseras. La desnutrición acechaba, y el único sustento calórico disponible fue un exiguo caldo elaborado con un pequeño pedazo de pollo.
El temor al sistema hospitalario y el abandono institucional
La decisión de aislar a la familia y retrasar la visita al policlínico hasta el lunes no fue una elección médica, sino una consecuencia del miedo al colapso hospitalario. Los ciudadanos desconfían de los centros de salud, donde la falta de higiene y la escasez de tratamientos suelen complicar los cuadros clínicos en lugar de resolverlos. Esta desconfianza refleja el abandono institucional del gobierno cubano, que ha dejado a la población librada a su suerte frente a enfermedades prevenibles y epidemias recurrentes, en un contexto de inflación galopante y desabastecimiento crónico.
Aunque Dariel logró estabilizarse, el impacto del brote en la comunidad ha dejado secuelas preocupantes. Vecinas como Olga Tamayo, de 64 años, presentaron debilidad muscular y dolores articulares severos que les impiden caminar con normalidad, evidenciando las complicaciones a largo plazo de estas patologías no tratadas adecuadamente. Mientras la dictadura cubana mantenga su inacción frente al colapso de los servicios públicos, la ciudadanía continuará enfrentando epidemias con recursos insuficientes, profundizando la vulnerabilidad de niños y ancianos y exacerbando la crisis humanitaria en la isla.
