Un mes después del paso del huracán Melissa por el oriente de Cuba, miles de damnificados en Santiago de Cuba, Holguín y zonas aledañas enfrentan un escenario de abandono. Mientras las autoridades de la isla exhiben cifras de supuesta recuperación, los testimonios en el terreno revelan que la ayuda humanitaria llega tarde, de forma incompleta o nunca llega, alimentando la sospecha de desvíos y mala administración por parte del aparato estatal.
En Santiago de Cuba, donde el diario oficialista Sierra Maestra reconoce más de 110.000 viviendas afectadas, la brecha entre la retórica gubernamental y la realidad es abismal. El gobierno cubano asegura haber entregado materiales a cientos de hogares, pero los afectados denuncian que el envío se limita a tejas de asbesto-cemento en cantidades insuficientes. Comunidades enteras permanecen sin la visita de inspectores, lo que las excluye de los censos oficiales y, en consecuencia, del acceso a cualquier recurso para reparar sus hogares destruidos.
En el poblado costero de El Francés, el mar destruyó por completo la vivienda de un matrimonio de ancianos. Aunque recibieron un colchón y módulos de alimentos donados por México y la Cruz Roja Internacional, no obtuvieron los materiales de construcción esenciales ni las lonas protectoras. La familia, que prefirió el anonimato por temor a represalias, denunció la opacidad en la distribución de las ayudas, señalando que en zonas cercanas como Juan González y la Loma del Yarey las entregas se realizaron en medio del caos. En El Cobre, la situación es similar: la población subsiste gracias a la caridad de iglesias, mipymes y proyectos socioculturales independientes, mientras el Estado solo reparte raciones básicas que no cubren las necesidades de la mayoría.
El colapso estructural tras el desastre natural
El lento y opaco proceso de recuperación tras el huracán Melissa no es un hecho aislado, sino el reflejo del colapso sistémico de la infraestructura estatal y la ineficiencia burocrática que caracteriza al régimen de La Habana. A la devastación climática se suma la crisis económica crónica, la hiperinflación y la falta de recursos básicos que sufre la isla desde hace años. La exigencia de pago por materiales \»subsidiados\» —como las tejas a 100 pesos cada una— resulta una burla para ciudadanos que han perdido sus medios de subsistencia, evidenciando la desconexión total del ejecutivo cubano con la realidad social y la precariedad extrema de los servicios públicos, incluida la casi nula restauración del servicio eléctrico.
La incapacidad de la dictadura cubana para articular una respuesta efectiva y transparente frente a la emergencia humanitaria profundiza el sufrimiento de miles de familias en el oriente del país. Ante la inoperancia estatal y la sospecha generalizada de desvío de donativos, la ciudadanía se ve obligada a depender de la solidaridad independiente y del exilio para sobrevivir. Esta crisis de gestión no solo prolonga la vulnerabilidad de los damnificados a las puertas de la temporada invernal, sino que erosiona aún más la ya mermada legitimidad del poder en Cuba, mientras la comunidad internacional mantiene su mirada sobre los abusos y la negligencia que imperan en la isla.
