Una mujer de 29 años, identificada como Yailin Carrasco Pérez, fue asesinada presuntamente por su pareja o expareja en la ciudad de Cienfuegos, en un nuevo y estremecedor episodio de violencia machista que conmociona a la sociedad cubana. El crimen, perpetrado por un individuo que gozaba de un permiso temporal de salida del penal, ocurrió en la propia vivienda de la víctima y frente a una de sus tres hijas menores de edad, evidenciando la profunda vulnerabilidad de las mujeres en la isla y los graves fallos del sistema de control penal del régimen de La Habana.
El asesinato tuvo lugar en horas de la madrugada, en el Consejo Popular de Pastorita, específicamente en la carretera Vial, cerca de la Universidad y del politécnico José Gregorio Martínez. Según testimonios recogidos en redes sociales por el periodista independiente Alejandro Garlobo Leyva y perfiles como «Las Cosas de Fernanda», los vecinos de la comunidad se despertaron al escuchar los gritos aterradores de una niña de seis años, quien repetía desconsoladamente: «Me mataron a mi mamá». La menor, hija de la víctima, habría reconocido al agresor, confirmando el vínculo íntimo que existía entre este y la joven madre.
La víctima, conocida afectuosamente por sus allegados como «La China», perdió la vida a manos de un hombre que se encontraba en régimen de pase penitenciario. Este detalle ha generado una profunda indignación ciudadana y cuestiona directamente la gestión del sistema carcelario por parte de las autoridades de la isla. La concesión de permisos temporales a reclusos, sin que existan evaluaciones rigurosas sobre su peligrosidad o antecedentes de violencia de género, demuestra una negligencia institucional que en esta ocasión tuvo consecuencias fatales. Garlobo fue tajante al señalar que el caso «expone nuevamente fallos graves en el control penitenciario y la protección de mujeres en riesgo».
Aunque las autoridades cubanas habrían detenido al presunto responsable tras el crimen, el daño irreparable ya está consumado. Yailin Carrasco Pérez deja huérfanas a tres niñas, quienes no solo pierden a su madre, sino que quedan marcadas por un trauma psicológico severo al haber sido testigas directas o indirectas de la brutalidad machista. En un país donde los servicios de asistencia psicológica y social están colapsados, el futuro de estas menores se vislumbra incierto, abandonadas a su suerte por un Estado que no garantiza entornos seguros para sus ciudadanos.
Reacción oficial y el debate sobre la pena de muerte
El perfil oficialista «Las Cosas de Fernanda» describió el suceso como un «horrendo crimen» y atribuyó el acto a la «violencia pasional», un término ampliamente rechazado por activistas feministas y expertos en género. Estos especialistas advierten que el uso de eufemismos como «crimen pasional» minimiza la raíz estructural del problema: el patriarcado, el sentido de propiedad sobre las mujeres y la cultura machista que impera en la sociedad cubana. No obstante, la misma publicación se vio obligada a reconocer que «las estructuras patriarcales y la cultura machista han persistido» en la isla, a pesar del discurso triunfalista sobre los avances de la igualdad promovidos por la Revolución.
En un giro inusual para un medio afín al gobierno cubano, la publicación sugirió reactivar la pena de muerte en Cuba para crímenes de esta naturaleza, argumentando que la moratoria de la pena capital «se implantó como un acto soberano de fe y creencia estricta en el mejoramiento humano», pero que «el momento histórico en que se tomó dicha medida ha pasado». Sin embargo, activistas y organismos de derechos humanos han advertido reiteradamente que el endurecimiento de las penas o la aplicación de la pena de muerte no sustituyen la necesidad urgente de políticas preventivas, educación en igualdad y protección real a las víctimas, elementos que brillan por su ausencia bajo la dictadura cubana.
Una crisis de género silenciada por el Estado
El femicidio de Yailin Carrasco Pérez no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una crisis de seguridad de género que el Estado cubano se ha resistido a reconocer oficialmente. Hasta el 15 de julio de 2025, la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas habían confirmado 19 feminicidios, un asesinato de hombre por motivos de género y un intento de feminicidio en la isla, solo en lo que va de año. Estas cifras, recopiladas por la sociedad civil, contrastan con la opacidad de las instituciones estatales.
Recientemente, el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad estatal, reportó que en los procesos judiciales concluidos en 2024 se contabilizaron un total de 76 mujeres cubanas de 15 años o más asesinadas por razones de género. De estos 76 asesinatos judicializados, 55 fueron perpetrados por la pareja o expareja de la víctima, y 21 por otras personas conocidas. El informe oficial eludió deliberadamente el término «feminicidio», prefiriendo eufemismos como «asesinato por razones de género» o «violencia de género extrema», lo que evidencia la reticencia del ejecutivo cubano a tipificar y nombrar el problema con la gravedad que merece, negando así la existencia de un patrón sistemático de exterminio basado en el género.
Contexto sistemico y represión al activismo
Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y YSTCC han logrado verificar 267 feminicidios en Cuba. Esta ardua labor se ha llevado a cabo en un entorno profundamente hostil, marcado por la criminalización del activismo feminista, el acoso y detención de las defensoras de derechos humanos, y el acceso restringido a fuentes institucionales. La inexistencia de una tipificación legal del feminicidio en el Código Penal cubano y la falta de una ley integral contra la violencia de género son muestras claras de la negligencia y el desinterés del régimen de La Habana por proteger a sus ciudadanas.
La opacidad es una constante en la gestión gubernamental. El Estado no publica de forma sistemática estadísticas anuales con metodología detallada ni ofrece datos desagregados con enfoque interseccional accesibles a la ciudadanía. Esta falta de transparencia impide dimensionar la verdadera magnitud del fenómeno y dificulta el diseño de políticas públicas eficaces. La visibilidad que hoy tienen estos crímenes se debe casi exclusivamente al impacto de las redes sociales, que han roto el cerco informativo impuesto por la dictadura, expandiendo la resonancia de hechos que antes quedaban sepultados en el silencio de las comunidades locales.
La crisis de violencia machista se entrelaza indisolublemente con el colapso estructural que atraviesa la isla. La profunda crisis económica, la inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, la crisis de vivienda que obliga a múltiples familias a hacinarse en pequeños espacios, y el deterioro de los servicios públicos generan un caldo de cultivo donde la violencia intrafamiliar se exacerba. A esto se suma la ausencia de refugios estatales para mujeres maltratadas y la ineficacia policial al recibir denuncias previas de amenazas, dejando a las cubanas en un estado de total indefensión frente a sus agresores.
El crimen en Cienfuegos deja en evidencia que la retórica oficial sobre el empoderamiento femenino choca de frente con una realidad letal. Mientras el gobierno cubano se jacta en foros internacionales de sus supuestos logros en materia de género, las mujeres dentro de la isla siguen siendo asesinadas a manos de sus parejas, muchas veces con antecedentes penales y en plena libertad condicional. La exigencia de los colectivos independientes de crear protocolos públicos de registro y una legislación específica es cada vez más urgente. Sin un reconocimiento real del problema y sin un cambio profundo en las estructuras represivas y machistas que sostienen el poder, las mujeres cubanas seguirán cayendo en el silencio, y la responsabilidad de cada una de estas vidas perdidas recaerá de manera directa sobre la dictadura cubana.
