El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara programó para el próximo 24 de septiembre la vista oral contra el periodista independiente y colaborador de 14ymedio, José Gabriel Barrenechea Chávez. La Fiscalía solicita seis años de prisión por el delito de \»desórdenes públicos\», en un proceso que criminaliza la protesta social y evidencia el uso del sistema judicial como herramienta de represión política por parte de la dictadura cubana.
Barrenechea fue arrestado el 7 de noviembre en el municipio de Encrucijada, Villa Clara, tras sumarse a una protesta espontánea de vecinos que llevaban 48 horas sin servicio eléctrico. Según el expediente 944 de 2024, al escritor se le imputa haber gritado consignas exigiendo el restablecimiento de la energía eléctrica y haber instado a los presentes a no desistir de la manifestación. Desde entonces, ha permanecido recluido en la prisión La Pendiente, en Santa Clara, una instalación señalada por el hacinamiento y la insalubridad.
La petición fiscal trasciende la supuesta participación en la protesta para adentrarse en argumentos abiertamente políticos. El documento acusatorio reprocha al intelectual \»mostrar total desafecto por el proceso revolucionario y su máximo dirigente\», además de estigmatizarlo por no poseer un \»vínculo laboral reconocido\» por el Estado. Junto a Barrenechea, el régimen de La Habana arrastra en el mismo proceso a otros cinco ciudadanos: Yandri Torres Quintana y Rafael Javier Camacho Herrera, enfrentados a peticiones de nueve años; Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa y Marcos Daniel Díaz Rodríguez, con cinco años; y Yuniesky Lorences Domínguez, con cuatro años. Todos han aguantado casi un año de cárcel preventiva, sin garantías procesales.
Represión y crisis estructural
El caso de Barrenechea ilustra la respuesta sistemática de las autoridades de la isla frente al descontento social generado por el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y la profunda crisis económica. En lugar de atender las demandas ciudadanas, el ejecutivo cubano opta por la criminalización de la protesta pacífica. El propio Barrenechea, en un mensaje filtrado desde la prisión, denunció llevar 258 días preso sin sentencia, argumentando las autoridades que \»los expedientes se acumulan por miles\», lo que refleja el colapso institucional y la parálisis del aparato judicial, subordinado a los dictados del poder.
La arbitrariedad de este proceso ha quedado patente no solo en el rechazo sin argumentos del recurso de habeas corpus presentado por su defensa, sino en el trato inhumano hacia el reo. La madre del intelectual, Zoila Esther Chávez, de 84 años y enferma de cáncer, rogó ver a su hijo antes de fallecer en mayo pasado, pero las autoridades solo le permitieron asistir al funeral durante una hora y media. El juicio del próximo 24 de septiembre no busca impartir justicia, sino enviar un mensaje de intimidación a la sociedad civil, consolidando la impunidad de la dictadura cubana frente a la comunidad internacional mientras ahoga cualquier atisbo de disidencia en la isla.
