La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) incluyó a la fiscal provincial de Artemisa, Niurka Margarita Tabares Valdés, en su registro de represores tras solicitar penas de hasta 10 años de prisión contra tres miembros del grupo opositor Cuba Primero, en un juicio celebrado en Guanajay que evidencia la maquinaria judicial al servicio de la represión estatal.
Las autoridades de la isla han recurrido nuevamente al aparato judicial para silenciar la disidencia. La fiscal Tabares Valdés solicitó sanciones de 10, 8 y 5 años de cárcel para los activistas Daniel Alfaro Frías, José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García, respectivamente. El juicio oral se llevó a cabo en el Tribunal Municipal Popular de Guanajay y quedó concluso para sentencia. Los cargos imputados incluyen \»propaganda contra el orden constitucional\» y \»asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas\», derivados de la distribución de octavillas con mensajes críticos hacia el poder.
Para la FDHC, la actuación de la fiscal constituye un acto de \»prevaricación\», al proponer condenas desproporcionadas que responden a un guion dictado por la policía política. La acusación se sustentó en el argumento de que los opositores estaban \»financiados y dirigidos desde el exterior\», una táctica recurrente de la dictadura cubana para invalidar el descontento interno y negar la existencia de una ciudadanía que se opone al modelo impuesto. La organización subrayó que esta acción viola el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo e imparcial.
El Código Penal como instrumento de censura
El caso de estos tres activistas no es un hecho aislado, sino que se enmarca en el endurecimiento del marco legal implementado por el régimen de La Habana. La figura de \»propaganda contra el orden constitucional\», incorporada al Código Penal en diciembre de 2022, establece penas de entre tres y diez años para quienes \»inciten contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista\» por medios orales o escritos. Esta normativa ha sido utilizada de manera sistemática para criminalizar la libertad de expresión, resultando en la condena de decenas de ciudadanos, incluso por opiniones vertidas en redes sociales.
El proyecto Represores Cubanos, impulsado por la FDHC, busca documentar y exponer a los funcionarios que participan en estas violaciones, con el objetivo de señalar a quienes destruyen vidas a cambio de privilegios otorgados por el sistema. Mientras el gobierno cubano persiste en la judicialización de la protesta social, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su escrutinio sobre la isla. La criminalización de la entrega de volantes pacíficos confirma que la represión sigue siendo la única respuesta del Estado ante la crisis de legitimidad y el creciente rechazo ciudadano.
