Una delegación del régimen de La Habana firmó una declaración conjunta con Rusia durante la Cumbre Internacional de Transporte en Moscú, con el objetivo de implementar herramientas de planificación urbana. El acuerdo se da en medio del reconocimiento oficial de la profunda crisis que atraviesa el sector en Cuba, donde el deterioro de la flota y la escasez de combustible han dejado sin servicio a millones de ciudadanos.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, encabezó la participación cubana en el evento y anunció la incorporación a la iniciativa \»Urban Transport Data\», impulsada por la alcaldía de Moscú. Según declaró el funcionario a través de sus redes sociales, la cooperación busca optimizar rutas y servicios mediante el uso de datos urbanos. La delegación de las autoridades de la isla, integrada también por altos directivos del sector, regresará con propuestas para adaptar estas experiencias a la realidad local, aunque sin precisar los mecanismos de implementación ni el costo de la inversión.
La búsqueda de cooperación internacional contrasta de manera alarmante con el panorama desolador admitido por el propio ejecutivo cubano ante la Asamblea Nacional. Los datos oficiales confirman que apenas se cumplió el 68 % del plan de transportación de pasajeros en lo que va de año, dejando más de 400 millones de viajes sin realizar. El transporte automotor urbano operó solo al 35 % de su capacidad, mientras que los servicios rurales se desplomaron a un preocupante 19-26 %, afectando gravemente a provincias como Granma, Las Tunas y Cienfuegos.
Colapso estructural y abandono de la infraestructura
La crisis del transporte refleja el deterioro sistémico de la infraestructura estatal bajo la gestión del gobierno cubano. En La Habana, más de la mitad de los ómnibus están inoperativos y se han suspendido más de 90 rutas, forzando a la población a depender de un transporte informal con precios inaccesibles. El sistema ferroviario y el marítimo atraviesan situaciones similares, paralizados por la obsolescencia de la flota, la falta crónica de piezas de repuesto y la escasez de combustible, factores que evidencian la incapacidad del Estado para garantizar servicios públicos básicos.
Mientras la dictadura cubana promueve acuerdos de planificación de datos en el extranjero sin rendir cuentas claras sobre la viabilidad de estos planes, la ciudadanía continúa enfrentando el aislamiento y la parálisis movilizativa. La adquisición de nuevas tecnologías de gestión, adoptada mediante decisiones arbitrarias del poder sin control democrático, difícilmente revertirá el colapso de un sector que agrava la crisis económica generalizada y limita aún más el libre desenvolvimiento de los cubanos en su día a día.
