El gobierno hondureño ha decidido no renovar el convenio de cooperación sanitaria con el régimen de La Habana, lo que obligará al regreso de 128 médicos cubanos que se encuentran en el país. La medida, impulsada por la administración del presidente Nasry Asfura, responde a una redefinición de la política exterior y se alinea con los esfuerzos internacionales para frenar la explotación laboral en las misiones médicas de la isla.
El contrato, firmado durante la gestión de Xiomara Castro, expira este miércoles. Según confirmó el viceministro de Salud de Honduras, Eduardo Midence, la brigada será sustituida por personal local o médicos extranjeros debidamente acreditados ante el Colegio Médico. La logística para el retorno de los galenos cubanos contempla un vuelo chárter programado para principios de marzo, según indicaron fuentes vinculadas a la Asociación privada de Amistad Honduras-Cuba, quienes lamentaron la falta de voluntad para continuar con los servicios.
Uno de los pilares de este convenio fue la atención oftalmológica a través de la Misión Milagro. Sin embargo, el cierre del programa ha dejado al descubierto la habitual opacidad informativa que caracteriza al gobierno cubano. Mientras las autoridades hondureñas reportaron cerca de 44.000 consultas y 7.000 cirugías hasta octubre de 2025, la Cancillería de la isla divulgó cifras dispares, elevando las atenciones a casi 54.000. Esta inconsistencia en los datos subraya la falta de transparencia y el control sobre la información que históricamente ha envuelto los acuerdos de exportación de servicios médicos del ejecutivo cubano.
Esquema de explotación y presión internacional
La decisión de Tegucigalpa no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia regional impulsada por la presión de Estados Unidos. Washington ha denunciado sistemáticamente que el esquema de las brigadas cubanas constituye una forma de trabajo forzoso, catalogado incluso por organismos de Naciones Unidas como esclavitud moderna. Países como Guatemala y Antigua y Barbuda han tomado medidas similares para finalizar la cooperación. Otros, como Bahamas y Guyana, han optado por cancelar los contratos con el Estado cubano para emplear directamente a los profesionales, garantizando así el respeto a la legislación laboral local.
El fin de estos convenios representa un duro golpe a una de las principales fuentes de ingresos de la dictadura cubana. El régimen de La Habana impone condiciones draconianas a los profesionales en misión, incluyendo la retención de pasaportes, vigilancia política, prohibiciones de relacionarse con nacionales del país anfitrión y cláusulas de confidencialidad. Diversos reportes han revelado que, en naciones como Angola o Qatar, el Estado cubano se apropia de hasta el 94% del salario pagado por los gobiernos receptores, dejando a los médicos en una situación de explotación manifiesta que ha sido denunciada por trabajadores en la cuenca del Caribe.
El éxodo de las brigadas médicas desde Honduras y otras naciones evidencia el agotamiento de un modelo de exportación de servicios que el gobierno cubano ha utilizado durante décadas para paliar la profunda crisis económica de la isla. A futuro, la pérdida de estos ingresos en divisas profundizará el colapso financiero del régimen, mientras la comunidad internacional continúa avanzando en la erradicación de prácticas laborales abusivas enmascaradas bajo la cooperación sanitaria.
