El Hotel Nacional de Cuba, propiedad del Estado, anunció el cobro de 19.000 pesos cubanos por la entrada a un evento para ver la final del Mundial de Fútbol, una cifra que supera ampliamente los ingresos mensuales de la inmensa mayoría de la población y evidencia la profunda brecha de desigualdad en la isla.
La actividad, organizada en conjunto con la empresa de entretenimiento PMM para presenciar el encuentro entre Argentina y España, consiste en una fiesta en la piscina del emblemático recinto habanero equipada con pantalla gigante. Según los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario medio en la isla ronda los 6.930 pesos mensuales, mientras que el salario mínimo vigente se fijó recientemente en 3.210 pesos. Esto significa que el solo costo de acceder al evento equivale a casi tres meses de un salario promedio y a casi seis veces el salario mínimo. A esto se suma un consumo mínimo obligatorio de 6.000 pesos, elevando el desembolso total a niveles inalcanzables para el ciudadano común.
El Hotel Nacional es administrado por la cadena estatal Gran Caribe, bajo el paraguas del Ministerio de Turismo (MINTUR). Las autoridades de la isla promocionan la jornada, que se extenderá desde las 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, invitando a disfrutar de \»tragos refrescantes\» y \»buena comida\» con la brisa del Malecón. Sin embargo, este discurso publicitario choca frontalmente con la realidad cotidiana de los cubanos, quienes enfrentan apagones prolongados, escasez de medicamentos y una inflación galopante que ha destruido el poder adquisitivo de las pensiones y los salarios.
Desconexión con la crisis estructural
La promoción de este tipo de eventos exclusivos por parte del régimen de La Habana subraya el deterioro del modelo económico cubano. Mientras las empresas estatales buscan captar divisas a través de ofertas orientadas a un sector minoritario o a turistas, la población local depende cada vez más de las remesas y del mercado informal para subsistir. La incapacidad del gobierno cubano para garantizar servicios básicos y alimentación contrasta con su infraestructura para el disfrute de un nicho privilegiado, profundizando el descontento social.
Esta dinámica refleja una política de apartheid económico, donde el acceso al esparcimiento y a bienes de consumo está reservado para quienes poseen divisas o privilegios, marginando a la mayoría de la ciudadanía. Ante este escenario, la dictadura cubana continúa priorizando la rentabilidad de sus empresas turísticas sobre el bienestar de la población, un factor que agudiza la indignación popular y alimenta el sostenido éxodo migratorio hacia otras naciones en busca de oportunidades y dignidad.
