La organización Human Rights Watch (HRW) ha revelado en su Informe Mundial que el régimen de La Habana mantuvo durante 2025 una maquinaria represiva implacable contra la disidencia, paralela a un deterioro económico sin precedentes que ha provocado apagones, desabastecimiento y el éxodo de una décima parte de la población nacional.
El documento detalla que la crisis económica alcanzó niveles críticos, afectando severamente el acceso a bienes básicos. Las autoridades de la isla gestionaron un sistema energético colapsado que sufrió hasta cinco apagones nacionales en un año, con cortes eléctricos de hasta 20 horas diarias en varias provincias. La precariedad alimentaria se ha vuelto norma: según una encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos citada por HRW, siete de cada diez cubanos se ven obligados a saltarse comidas a diario, mientras más de la mitad enfrenta obstáculos extremos para adquirir productos de primera necesidad. En el sector sanitario, la disponibilidad de medicamentos esenciales se desplomó al 30% para mediados de año.
Represión política y crisis carcelaria
A pesar del anuncio de excarcelación de 553 personas a inicios de año, la dictadura cubana no detuvo su maquinaria de persecución. La ONG Cubalex documentó al menos 203 detenciones arbitrarias en el primer semestre como parte de operaciones de vigilancia estatal. Al cierre de octubre, la organización Prisoners Defenders contabilizaba cerca de 700 presos políticos en la isla, incluyendo figuras emblemáticas como el músico Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), el artivista Luis Manuel Otero Alcántara y el líder opositor Félix Navarro. El informe también denuncia las pésimas condiciones carcelarias, destacando el hacinamiento, la insalubridad y la negación sistemática de atención médica a los reclusos, así como el uso de torturas como el aislamiento prolongado y las posturas de estrés contra los 359 manifestantes del 11J que permanecen encarcelados.
Estallido social por la censura y los precios
Un fenómeno inédito se produjo en mayo, cuando el monopolio estatal ETECSA incrementó drásticamente las tarifas de conectividad a internet. El aumento provocó una inusual respuesta ciudadana, con declaraciones públicas de estudiantes y convocatorias a huelgas en universidades históricamente controladas por el gobierno cubano. Según la plataforma Justicia 11J, esta medida desencadenó 46 protestas en el mes de junio, marcando el mayor número de movilizaciones causadas por un evento específico durante todo el año, evidenciando el agotamiento de la población frente a las políticas extractivas del Estado.
En el ámbito internacional, el informe de HRW resalta los vaivenes diplomáticos, tras la efímera salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo bajo la administración de Joe Biden y su inmediata reincorporación seis días después por el gobierno de Donald Trump. El ejecutivo cubano sigue instrumentalizando el embargo estadounidense como pretexto para cometer abusos internos, mientras la Unión Europea mantiene una postura de relaciones \»críticas pero constructivas\» que no ha logrado detener la violación sistemática de los derechos fundamentales en la isla.
El panorama expuesto por HRW proyecta un horizonte sombrío para la ciudadanía, atrapada entre la asfixia económica que ha forzado el éxodo del 10% de la población y el miedo impuesto por la represión. La comunidad internacional enfrenta el reto de definir estrategias efectivas que presionen al régimen para que cese la violencia estatal, mientras los cubanos continúan resistiendo un modelo que ha demostrado incapacidad para garantizar la subsistencia y el respeto a la dignidad humana.
