El manifestante Walfrido Rodríguez Piloto, condenado a una década de cárcel por participar en las protestas pacíficas de 2021, ha denunciado que agentes de la Seguridad del Estado profirieron amenazas de muerte contra él en la prisión habanera El Pitirre.
Según relató el opositor en una comunicación telefónica, el incidente ocurrió en la noche del pasado 29 de enero. Rodríguez Piloto aseguró que los uniformados intentaron intimidarlo con un mensaje explícito: \»Este gobierno no se va a caer, pero si sucede algo, tú serás el primero al que le vamos a dar un tiro en la cabeza o envenenar\». Esta declaración refleja el grado de hostigamiento y violencia verbal al que son sometidos los disidentes dentro del sistema penitenciario cubano.
El activista de 58 años, residente en el barrio El Palenque del municipio capitalino La Lisa, fue trasladado a El Pitirre el 16 de enero, proveniente de la prisión Ivanov en el Cotorro. Actualmente se encuentra en el área de depósito de la instalación, un espacio que el propio recluso describe como infestado de chinches y ácaros, lo que evidencia las precarias e insalubres condiciones carcelarias impuestas por las autoridades de la isla. Rodríguez Piloto cumple una condena de 10 años por los delitos de desórdenes públicos y desacato, una represalia directa por su participación en las jornadas cívicas del 11J.
Represión sistemática y violación de derechos humanos
El caso de Walfrido Rodríguez Piloto no es un hecho aislado, sino parte de la estrategia de la dictadura cubana para silenciar cualquier forma de disidencia. La persecución política, la judicialización de la protesta social y el uso de cárceles de máximo rigor con condiciones degradantes son prácticas recurrentes del régimen de La Habana para someter a quienes exigen cambios democráticos. La organización no gubernamental Prisoners Defenders, con sede en Madrid, tiene documentado el caso de Rodríguez Piloto en su base de datos, sumándolo a la larga lista de presos políticos que enfrentan abusos sistemáticos y torturas psicológicas.
Las recientes amenazas contra el cuentapropista confirman que el endurecimiento punitivo contra los manifestantes del 11J persiste, mientras la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su escrutinio sobre el ejecutivo cubano. El hostigamiento a prisioneros de conciencia no solo agrava la crisis institucional y de derechos fundamentales en la isla, sino que también plantea serias dudas sobre la seguridad e integridad física de los cientos de cubanos que permanecen injustamente encarcelados por ejercer su derecho a la libre expresión.
