El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 79 violaciones durante agosto, una disminución respecto a julio que la organización atribuye a una \»modulación táctica\» del régimen de La Habana y no a una apertura democrática. Con un acumulado de 909 atropellos en lo que va de año, las autoridades de la isla mantienen intacta su política de asfixia contra el periodismo independiente y la disidencia.
El reporte del ICLEP detalla que de los 79 hechos registrados en agosto, 61 afectaron la libertad de expresión y 18 a la de prensa. Aunque la cifra representa un descenso del 61,1% respecto al récord de 203 casos de julio, la organización advierte que la represión \»persiste como política de Estado\». El cambio en los métodos represivos es evidente: durante el octavo mes del año predominaron las amenazas y agresiones psicológicas (27 casos) por encima de las detenciones arbitrarias (21). Esta estrategia busca infundir miedo, desmovilizar y aislar socialmente a las voces críticas sin recurrir necesariamente a la reclusión física.
Un modelo de represión institucionalizado
El análisis del ICLEP es contundente al señalar que el 100% de las violaciones son ejecutadas por instituciones bajo el mando del Partido Comunista. La Seguridad del Estado lidera los atropellos con 35 casos, seguida por la Policía Nacional Revolucionaria (14), el sistema penitenciario (10), el sistema judicial (4) y el monopolio estatal de telecomunicaciones, ETECSA (4), este último utilizado frecuentemente para cercar el espacio digital de los activistas. Las víctimas abarcan desde periodistas y directores de medios hasta activistas, opositores y ciudadanos comunes, confirmando que la dictadura cubana opera en tres frentes principales: sofocar la prensa independiente, desarticular el tejido cívico y prolongar el castigo carcelario.
La Habana se mantuvo como el epicentro de la represión con 30 casos, seguida por Artemisa y Matanzas. El informe también destaca cómo el gobierno cubano intensificó los operativos en fechas simbólicas, como el 5 de agosto, aniversario del Maleconazo. En esa jornada, la dictadura desplegó cercos policiales sin orden judicial, impuso restricciones de movimiento, aplicó cortes de internet y llevó a cabo detenciones preventivas para silenciar cualquier manifestación de descontento popular.
Hostigamiento más allá de las fronteras
La persecución no se limita al territorio nacional. El ICLEP documentó seis violaciones cometidas en el extranjero contra comunicadores y activistas. Entre los casos más graves figura la detención administrativa de la reportera independiente Orlidia Barceló Pérez en el aeropuerto de Viru Viru, en Bolivia, donde el cónsul cubano se negó a brindarle asistencia argumentando que \»no habla con exiliados\». De igual forma, el periodista exiliado José Luis Tan Estrada denunció amenazas e insultos por parte del embajador de Cuba en Bélgica, quien lo calificó de \»mercenario\», evidenciando el alcance transnacional del aparato represivo estatal.
Este panorama represivo se enmarca en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, caracterizada por el colapso económico, el desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes. Ante la incapacidad de las autoridades para ofrecer respuestas a la ciudadanía, el régimen de La Habana ha optado por el endurecimiento del control social y la censura como única vía para mantener su poder. Con el acumulado de 909 violaciones en ocho meses, 2025 se encamina a superar la barrera de los 1.000 atropellos, lo que exige una respuesta más firme por parte de la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos frente a un sistema que criminaliza la libre expresión como método de supervivencia política.
