La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) añadió a Yoendry Oconor Reyes, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en el municipio de Contramaestre, a su listado de \»represores de cuello blanco\». La organización le atribuye la dirección de detenciones arbitrarias y actos de amedrentamiento contra ciudadanos que participaron en una protesta masiva en Baire motivada por el colapso del sistema eléctrico.
Según el expediente documentado por la organización, la represión se desató tras una manifestación ciudadana ocurrida el pasado 16 de octubre en el barrio El Transformador, donde los residentes exigían el restablecimiento del servicio eléctrico tras más de 30 horas de interrupción. Al día siguiente, Oconor Reyes aseguró al doctor Erlis Sierra Gómez, uno de los manifestantes que intentó mediar con las autoridades, que no habría represalias en su contra. Sin embargo, esa misma noche, el galeno fue amenazado con ser arrestado por la Brigada Especial del Ministerio del Interior si no se presentaba en una estación policial de Contramaestre.
Tras acudir a la citación, el pediatra fue trasladado de forma clandestina por la puerta trasera de la unidad policial hacia la sede de la Seguridad del Estado en Versalles, Santiago de Cuba. Allí, junto al enfermero Humberto Nieto Sierra, fueron sometidos a largos interrogatorios y obligados a grabar un video de retractación. La dictadura cubana también ordenó la detención de otros vecinos, identificados como Osmani Heredia, Yanelis Sierra, Alexander Acosta y Ania Gómez Leyva, madre del médico, quien fue liberada posteriormente.
El \»diálogo\» como táctica de persecución política
La FDHC alerta que el supuesto diálogo institucional ofrecido por el régimen de La Habana funciona como una táctica recurrente para desarticular las protestas y exponer a los líderes comunitarios a posteriores represalias. Un antecedente directo de esta metodología ocurrió en septiembre en El Güirito, Holguín, donde tras un intercambio descrito como \»respetuoso\» por la dirigencia local del PCC, 27 gibareños fueron detenidos al día siguiente. Este patrón refleja la respuesta sistemática de las autoridades de la isla frente al descontento social generado por la profunda crisis humanitaria, la inflación y el colapso energético que sufre la población.
El registro de Yoendry Oconor Reyes en la plataforma represorescubanos.com lo señala explícitamente por violación al derecho de manifestación, detención arbitraria y persecución por motivos políticos. Este tipo de acciones confirma que cualquier intento de exigir mejoras en los servicios públicos básicos en Cuba conlleva un riesgo inminente de criminalización, dejando a los ciudadanos sin vías legales ni seguras para demandar sus derechos ante el fracaso estructural del modelo económico y social impuesto por el gobierno cubano.
