La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) incorporó a varios magistrados y fiscales en su listado de «represores de cuello blanco», responsabilizándolos por la imposición de severas condenas a seis ciudadanos de Encrucijada, Villa Clara, quienes participaron en una protesta pacífica para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. La acción evidencia cómo la dictadura cubana instrumentaliza el sistema judicial para silenciar el descontento social generado por el colapso energético.
El pasado 15 de enero, seis residentes del municipio de Encrucijada fueron sentenciados a penas de hasta ocho años de prisión tras manifestarse el 7 de noviembre de 2024. La protesta, motivada por un apagón que superó las 48 horas, consistió en el toque de cazuelas y el canto de consignas como «Queremos corriente» frente a las sedes del gobierno local y el Partido Comunista. La respuesta de las autoridades de la isla no fue resolver la emergencia, sino activar la maquinaria represiva para procesar a los implicados bajo el cargo de desórdenes públicos.
Ante esta vulneración de garantías procesales, el proyecto Represores Cubanos de la FHRC actualizó su base de datos para incluir a los operadores jurídicos que facilitaron las condenas. Entre los señalados figuran los fiscales Ayrebi Miranda Pérez y Yosmel Guevara Herrera, así como los jueces Aimee Caraballé Corrales, María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández. La organización con sede en el exilio cataloga las actuaciones de estos funcionarios como una clara muestra de sumisión al régimen de La Habana en detrimento de la justicia.
De acuerdo con la documentación del expediente de fase prepararia, la fiscalía consideró delito que los ciudadanos se aglomeraran y exigieran sus derechos en un espacio que el propio gobierno cubano ha señalado como lícito para las protestas. Sin embargo, materiales audiovisuales difundidos en redes sociales corroboran el carácter pacífico de la manifestación. A pesar de esta evidencia, el tribunal avaló la narrativa oficial, afirmando en su sentencia que los procesados incitaban a la multitud y obstaculizaban la vía pública, justificando así penas que oscilan entre los tres y los ocho años de privación de libertad.
El desglose de las sanciones impuestas por el tribunal ilustra la severidad del castigo. Yandri Torres Quintana recibió ocho años de prisión, mientras que a Rafael Javier Camacho Herrera se le impusieron siete años. El escritor José Gabriel Barrenechea Chávez fue condenado a seis años, al igual que Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, quien recibió cinco. Yuniesky Lorences Domínguez fue sancionado a tres años de trabajo correccional sin internamiento, y Marcos Daniel Díaz Rodríguez a cinco años de limitación de libertad. Estas peticiones, inicialmente elevadas por el Ministerio Fiscal a hasta nueve años, reflejan un endurecimiento punitivo contra la disidencia.
El caso de Encrucijada adquirió una dimensión particularmente dolorosa debido a la situación del escritor José Gabriel Barrenechea Chávez. Durante su encarcelamiento, su madre, quien padecía de cáncer, solicitó permiso para verlo antes de fallecer. La petición fue denegada categóricamente por Yurianis Speck Rosillo, jefe de la prisión La Pendiente. La muerte de la mujer sin poder reencontrarse con su hijo subraya la crueldad con la que el aparato penitenciario y el ejecutivo cubano gestionan las reclusiones políticas.
El colapso estructural y la criminalización de la supervivencia
Las protestas en Encrucijada no son un hecho aislado, sino el síntoma de una crisis sistémica que asfixia a la nación. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) se encuentra en un estado de colapso terminal, incapaz de garantizar un servicio básico y continuo a la población. Los apagones prolongados, que en ocasiones superan las 72 horas en provincias del interior, han devenido en el principal detonante de la indignación popular. Frente a la incapacidad del gobierno cubano para ofrecer soluciones estructurales, la estrategia oficial ha sido la militarización de las calles y la represión selectiva de quienes se atreven a alzar la voz.
Este escenario de desabastecimiento energético se entrelaza con una inflación galopante, la depreciación del salario real y un éxodo migratorio sin precedentes. La frustración ciudadana se traduce en cacerolazos y manifestaciones espontáneas que la dictadura cubana reprime con dureza para evitar la propagación de un estallido social similar al del 11 de julio de 2021. La judicialización de la protesta social busca enviar un mensaje disuasivo: cualquier demanda de derechos básicos será tratada como un acto delictivo de envergadura.
La judicatura como apéndice del aparato represivo
La actuación de los fiscales y jueces en el caso de los manifestantes de Villa Clara evidencia la ausencia total de separación de poderes en la isla. Desde la promulgación del nuevo Código Penal en 2022, el régimen de La Habana cuenta con un marco legal a la medida para tipificar como delitos las acciones de activistas y ciudadanos críticos. La judicatura, lejos de actuar como garante de los derechos ciudadanos, opera como un brazo ejecutor de la política represiva del Estado, vulnerando flagrantemente los artículos 7, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha calificado las actuaciones de estos juristas como crímenes de lesa humanidad, específicamente encarcelamiento y persecución por motivos políticos, además de prevaricación. Al documentar estos procesos, las organizaciones de la sociedad civil buscan preservar la memoria histórica y asegurar que los eslabones intermedios del aparato estatal no queden impunes frente a la justicia internacional en un eventual escenario de transición democrática.
Para la ciudadanía, el mensaje emitido desde los tribunales es sombrío: la exigencia de servicios básicos en medio de la crisis puede costar años de vida en prisión. Mientras el colapso de los servicios públicos se profundiza, la represión se consolida como la única política de Estado efectiva. La comunidad internacional y los observadores de derechos humanos mantienen su escrutinio sobre estas prácticas, exigiendo el cese de la violencia estatal y el respeto a las libertades fundamentales en Cuba.
