Un estudio del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) estima que más de 8.700 personas han fallecido en la isla durante la actual emergencia epidemiológica, una cifra que supera ampliamente el balance oficial y evidencia el colapso del sistema de salud pública.
El informe, titulado \»El colapso sanitario en Cuba\», atribuye la crisis a una sindemia provocada por la circulación simultánea de chikungunya, dengue, oropouche y virus respiratorios. A partir de datos admitidos por las autoridades de la isla, que reconocen que el 30 % de la población (unos 2,9 millones de personas) enfermó de chikungunya, el observatorio aplicó tasas de letalidad internacionales. El cálculo arroja un mínimo de 8.700 fallecidos, en contraste con los apenas 47 decesos reportados oficialmente hasta mediados de diciembre. El documento advierte que la mortalidad real podría ser aún mayor debido a la saturación hospitalaria, la malnutrición y la falta de atención médica oportuna.
El régimen de La Habana ha desmantelado progresivamente las capacidades médicas del país a través de decisiones políticas prolongadas. Entre 2021 y 2024, Cuba perdió más de 30.000 médicos, 15.000 enfermeros y 7.000 camas hospitalarias. A esta debacle estructural se suma la escasez crítica de medicamentos, con un 64,5 % de desabastecimiento en los suministros de BioCubaFarma a inicios de 2025. Además, el estudio denuncia la manipulación de las estadísticas: según testimonios de profesionales de la salud, la dictadura cubana omite las infecciones virales en los certificados de defunción para maquillar la mortalidad, una práctica de censura ya aplicada durante la pandemia de COVID-19.
Una crisis estructural profundizada por la negligencia estatal
El análisis subraya que la emergencia no responde a factores externos, sino a una jerarquía de prioridades del ejecutivo cubano que relega la atención sanitaria. Mientras el sector turismo ha concentrado más del 30 % de la inversión estatal en la última década, salud pública y asistencia social apenas han recibido un promedio del 2 %. Esta negligencia ha dejado a la población en una vulnerabilidad extrema, agravada por un entorno ambiental crítico. La acumulación masiva de basura, la ausencia de control vectorial y la inseguridad alimentaria —donde apenas el 15 % de los cubanos logra consumir tres comidas diarias— debilitan la respuesta inmunológica y favorecen la propagación incontrolable de los brotes.
El ocultamiento de la mortalidad y el deterioro de la infraestructura médica evidencian una violación sistemática del derecho a la salud. Mientras la censura impide a la ciudadanía conocer la magnitud real del desastre, la población continúa sufriendo las consecuencias de un modelo centralizado e ineficiente. La falta de transparencia del gobierno cubano no solo compromete cualquier intento de mitigación de la emergencia, sino que profundiza el descrédito internacional del régimen y agudiza la desesperación social en medio del colapso simultáneo de los servicios básicos.
