La Corte Suprema de Justicia Masónica de Cuba dictó la expulsión definitiva de ocho altos miembros de la Gran Logia de Cuba (GLC) tras ser hallados culpables de delitos que incluyen malversación, usurpación de cargos, propiciamiento de divisiones internas y «traición a la Fraternidad y sus Instituciones». La sentencia representa un hito en la depuración de una cúpula que había sumido a la antigua institución en un profundo caos institucional, marcado por la connivencia con el poder político y la persecución de miembros disidentes.
Entre los principales sancionados figuran Mario Alberto Urquía Carreño, ex Gran Maestro de la GLC, y Airam Cervera Reigosa, quien se desempeñaba como ex Gran Tesorero. Ambos fueron encontrados culpables de «abuso, fraude y malversación de propiedades o caudales masónicos». El escándalo que precipitó su caída estalló tras el supuesto robo de 19.000 dólares desde la oficina del Gran Maestro, un hecho que generó un rechazo generalizado dentro de la comunidad masónica y culminó con la renuncia de Urquía Carreño en agosto de 2024.
Posterior a su salida, una auditoría interna reveló la magnitud del desfalco, determinando que Urquía Carreño y Cervera Reigosa habían incurrido en estafa por el desvío de casi 5 millones de pesos de las arcas de la institución. La cifra, significativa en el contexto de la profunda crisis económica que atraviesa la isla, evidenció el nivel de corrupción implantado en la cúpula directiva de la Orden.
Continuidad corrupta y persecución interna
Las expectativas de que el sucesor de Urquía, Mayker Filema Duarte, pudiera restaurar la normalidad y limar las tensiones internas se desvanecieron rápidamente. Filema Duarte replicó las prácticas de su predecesor, negándose a convocar las elecciones generales correspondientes con el evidente objetivo de perpetuarse en el poder. Su gestión se caracterizó por lo que los propios masones han calificado como una «cacería de brujas» contra los miembros que se oponían a sus designios.
La persecución orquestada por Filema Duarte tuvo un componente claramente político, al estar dirigida contra figuras que ya eran objetivo de la Seguridad del Estado. Entre los acosados se encontraban el Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso y el escritor y exprisionero político Ángel Santiesteban Prats. La articulación entre los intereses de la cúpula masónica corrupta y los aparatos represivos de la dictadura cubana quedó al descubierto, demostrando cómo el régimen de La Habana instrumentaliza las instituciones de la sociedad civil para silenciar voces críticas.
A pesar de que tanto Urquía Carreño como Filema Duarte contaron con el respaldo del Ministerio de Justicia (MINJUS), la presión de las bases masónicas se volvió insostenible. La gestión autoritaria de Filema Duarte desembocó en una fuerte confrontación que alcanzó su punto álgido en julio de 2025, cuando decenas de miembros protagonizaron protestas exigiendo «libertad para la Gran Logia de Cuba».
El estallido de julio y la asonada golpista
Durante aquella jornada, los manifestantes, entonando las notas del Himno de Bayamo y coreando consignas como «¡Viva la masonería cubana!» y «¡Viva Cuba!», forzaron la entrada al edificio de la GLC, situado en las calles Belascoaín y Carlos III, en La Habana. En el lugar, un grupo afín a la dirección corrupta intentó impedir el paso mediante la violencia. En los registros del suceso se documentó cómo al menos cinco hombres bloqueaban el acceso de forma desafiante, destacando la actuación de Jesús Martínez Frómeta, quien roció alcohol en el rostro de varios de sus hermanos en medio del forcejeo.
Para la Corte Suprema de Justicia Masónica, estos actos constituyeron «una asonada golpista que cercenó la democracia electoral» de la institución. El texto de la sentencia subraya que era «legítima» la intención de los manifestantes de acceder a la sede «para intentar restablecer el orden constitucional», deslegitimando por completo la acción represiva de los seguidores de Filema Duarte.
Como resultado del proceso judicial, Filema Duarte y Martínez Frómeta fueron expulsados por traición. La sanción también alcanzó a otros cómplices clave en el golpe de Estado interno: Igor Larramendi Ador (expresidente de la Comisión de Jurisprudencia y Asuntos Generales), Juan Carlos Yero Ramos (ex Gran Tesorero) y Juliannis Galano Gómez (ex Gran Secretario). El fallo detalla que estas personas condujeron a la GLC a «un caos sin precedentes», advirtiendo que «es preciso desterrar de nuestra masonería simbólica cualquier atisbo de postura dictatorial o aquellas que la secunden, porque ello es una amenaza existencial para la masonería».
Caída del brazo judicial de la cúpula
Uno de los nombres centrales en esta depuración es el de Rancell Montero Romero, quien presidía la Corte Suprema de Justicia Masónica y fue el principal ejecutor de la persecución contra logias y miembros opositores a Filema Duarte. Montero Romero llegó a suspender a más de un centenar de logias y a decenas de masones, siendo además el artífice directo de los cargos y la expulsión de Viñas Alonso y Santiesteban Prats a inicios del pasado año.
Montero Romero, quien también figura como vicepresidente de la Asociación Yoruba de Cuba, fue acusado formalmente de «perjurio, desaparición o sustracción maliciosa de documentos, grave abuso en el desempeño de un cargo masónico e infracciones maliciosas acompañadas de culpa grave y de daño posible». La Corte Suprema desestimó todas las apelaciones presentadas por los acusados, declarándolas «sin lugar».
Para los miembros de la Orden, estas expulsiones representan un acto de justicia histórica. Un masón consultado, bajo condición de anonimato, señaló que con estas acciones la institución está «limpiando la afrenta de los traidores que rompieron su palabra y juramentos y actuaron sin vacilación contra la democracia masónica». Por su parte, Sergio Rafael Vidal Águila enfatizó que la medida constituye un acto de reparación frente a aquellos que «violando sus juramentos sin pudor formaron parte de un cúmulo de ambiciones y del servicio de hombres caducos a la sombra de un poder político que se sirvió de ellos para perseguir masones dentro de la misma Institución».
Contexto: El cerco del régimen a la sociedad civil
El conflicto en el seno de la masonería cubana no es un hecho aislado, sino un reflejo de la crisis estructural que atraviesa la totalidad del tejido social en la isla. La injerencia del gobierno cubano a través del Ministerio de Justicia y los aparatos de inteligencia sobre asociaciones independientes, religiones y gremios es una práctica sistemática. La dictadura cubana no tolera espacios de autonomía; cualquier institución que escape de su control directo es rápidamente infiltrada, cooptada o intervenida mediante figuras afines que garantizan la subordinación al poder central.
La corrupción destapada en la Gran Logia, con desfalcos millonarios en pesos y dólares, se inserta en el mismo ecosistema de impunidad que reina en las empresas estatales y la alta burocracia del país. En un contexto de hiperinflación, desabastecimiento crónico y colapso de los servicios básicos, el acceso a cargos de dirección —ya sean estatales o de la sociedad civil— se ha convertido en una vía para la acumulación personal de riqueza y privilegios, protegido por la ausencia de contrapesos democráticos y de un sistema judicial verdaderamente independiente.
Además, la persecución contra figuras como Ángel Santiesteban Prats dentro de la masonería evidencia la interconexión entre la represión política nacional y la dinámica interna de las instituciones. El régimen de La Habana utiliza su maquinaria de vigilancia para señalar a los disidentes, y los colaboradores internos de estas organizaciones ejecutan las purgas, aplicando tácticas de cancelación y suspensión que replican el hostigamiento que sufren los activistas de la sociedad civil en las calles de Cuba.
Implicaciones y futuro de la institución
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia Masónica marca un precedente en la resistencia de la sociedad civil cubana frente al autoritarismo y la corrupción endémica. Sin embargo, el proceso no ha concluido por completo. Resta pendiente la ratificación de estas expulsiones en la Sesión Semestral de la Alta Cámara de la GLC, que ejerce como Poder Legislativo de la Orden, prevista para el mes de septiembre. Hasta entonces, los implicados permanecen proscritos de cualquier derecho masónico, incluyendo la asistencia a las sesiones de las logias.
El desenlace de este proceso depurador será clave para determinar si la masonería cubana, una de las instituciones más antiguas y tradicionales del país, logra recuperar su independencia y reconstruir su funcionamiento democrático interno. La batalla librada en las calles de La Habana y en los tribunales masónicos envía un mensaje claro sobre el agotamiento de la ciudadanía frente a la prepotencia y el abuso de poder, un síntoma más de la profunda crisis de representatividad y legitimidad que sacude a la totalidad del sistema nacional.
