La destitución de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, un día después de su polémico discurso contra los mendigos en el Parlamento, reproduce una vez más la mecánica del régimen cubano de sacrificar figuras secundarias para eximir de responsabilidad a la cúpula del poder. La medida, presentada como rectificación por parte de Díaz-Canel, no altera en absoluto las políticas que han empujado a miles de cubanos a la indigencia.
En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, pronunció un discurso en el que se refería a las personas en situación de mendicidad con un lenguaje que diversos sectores dentro y fuera de la isla calificaron de segregador y difamatorio. Sus palabras, lejos de constituir un desliz aislado, reflejaban la lógica institucional del gobierno cubano frente a la visible precariedad social que se ha instalado en las calles del país. Ningún parlamentario, ningún dirigente presente en la sesión, emitió el más mínimo señalamiento crítico durante su intervención.
Al día siguiente, Feitó Cabrera aparecía como ex ministra. La destitución fue comunicada sin mayores explicaciones, precedida por unas palabras veladas de Miguel Díaz-Canel en las que, sin mencionar a la funcionaria por su nombre, parecía recriminar la diatriba contra los mendigos. La operación política quedó consumada: la responsabilidad se individualizaba en una figura de segundo nivel, mientras la jefatura del Estado se presentaba como instancia correctora y compasiva.
Una táctica recurrente del régimen
La sustitución de Feitó no constituye un hecho aislado en la historia política de la isla. Desde los primeros años de la revolución, el régimen de La Habana ha recurrido de manera sistemática a la destitución de funcionarios como mecanismo para desviar la atención sobre los verdaderos responsables de los fracasos gubernamentales. El patrón es reconocible: un cargo medio o alto pronuncia lo que en esencia es la política de Estado, se genera indignación pública, y la cúpula lo sacrifica presentándose como garante de la justicia y la rectitud.
En décadas anteriores, figuras como Huber Matos, el general Arnaldo Ochoa Sánchez o el ministro del Interior José Abrantes fueron señalados como responsables individuales de supuestas faltas, mientras la dirección máxima del país se mantenía al margen de cualquier escrutinio. La población, en muchos casos, asumió la versión oficial que atribuía toda la culpa a estos personajes y eximía al resto de la estructura de poder. La destitución de Feitó Cabrera se inscribe en esa misma tradición de depuración teatral.
El discurso de la ministra contra los mendigos no fue un libretazo personal ni una iniciativa espontánea. Formaba parte de la caja de herramientas discursivas que el ejecutivo cubano utiliza para moldear la percepción ciudadana y desplazar la culpa de la crisis económica hacia los propios afectados. Si no hubiera existido la presión de la prensa independiente y las redes sociales, es probable que Feitó Cabrera hubiera conservado su cargo sin contratiempos. Su salida responde más al cálculo de daño mediático que a una genuina voluntad de rectificación política.
La mendicidad como síntoma del colapso
La presencia creciente de mendigos en las calles de La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Puerto Padre y otras localidades de la isla no es un fenómeno marginal ni una cuestión de actitud individual. Responde directamente al deterioro estructural de la economía cubana, a la inflación galopante que ha licuado los salarios, al desabastecimiento crónico de productos básicos y a la incapacidad del Estado para garantizar un sistema de protección social funcional. Personas que en otro momento tuvieron solvencia económica y competitividad profesional se han visto empujadas a la indigencia por la conjunción de variables socioeconómicas que el gobierno ha sido incapaz de gestionar.
La mendicidad en Cuba está asociada a la vulnerabilidad y a la fractura de las redes de apoyo familiar, muchas de las cuales se han disuelto a causa del exodo migratorio masivo. Las remesas, que durante años funcionaron como amortiguador de la crisis, no alcanzan para todos, y la población que se queda sin vínculos con el exterior queda a merced de un sistema de asistencia social prácticamente inexistente. El régimen cubano, que durante décadas presumió de haber erradicado la mendicidad como conquista de la revolución, ahora enfrenta la evidencia de que esa conquista era una fachada sostenida por subsidios externos y control represivo.
El Código Penal cubano, desde 1979, conceptualizó la mendicidad como «estado peligroso», una figura jurídica que permitía a las autoridades llevar ante los tribunales a personas en situación de indigencia o enajenación y condenarlas a privación de libertad mediante los procesos conocidos como «índice de peligrosidad». Esta criminalización de la pobreza, lejos de ser una aberración del pasado, continúa informando la lógica institucional del Estado frente a los sectores más vulnerables. El discurso de Feitó Cabrera se inscribe en esa tradición de etiquetar al mendigo como sujeto predelictivo antes que como persona que necesita ayuda.
El silencio del Parlamento y la complicidad institucional
Un aspecto revelador del episodio es el silencio absoluto de los parlamentarios durante la intervención de Feitó. Ningún diputado cuestionó sus afirmaciones en la sesión. Ningún dirigente intermedio formuló objeción alguna. La crítica solo apareció cuando Díaz-Canel decidió activarla de manera velada, como paso previo a la destitución. Esto confirma que la Asamblea Nacional del Poder Popular funciona como un órgano de ratificación sin capacidad real de control sobre el ejecutivo cubano, y que las políticas que generan repudio social solo se revisan cuando la cúpula calcula que el costo político de mantenerlas supera al de desmontarlas.
La comparecencia de Díaz-Canel recriminando «a un ser abstracto», sin nombrar a la funcionaria que pronunció las palabras, reproduce además una vieja táctica de prestidigitación política. Así como un carterista grita «¡cuidado con los ladrones!» en medio de la multitud para que las víctimas se toquen el bolsillo y delaten dónde guardan su dinero, el régimen cubana señala a un chivo expiatorio para que la población concentre su indignación en un nombre concreto y desvíe la mirada de los responsables últimos. La diatriba contra los mendigos no fue invención de Feitó; fue la verbalización de una política de Estado que el régimen sostiene desde hace décadas.
El contexto del 11J y la represión sostenida
La destitución de Feitó se produce además en una fecha simbólicamente cargada: se cumplen cuatro años de las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles en decenas de localidades para exigir libertad y reclamar contra la crisis económica. La respuesta de la dictadura fue la represión masiva, con detenciones, juicios sumarios y condenas prolongadas para cientos de participantes. A cuatro años de aquel estallido, las condiciones que lo provocaron no solo no se han corregido, sino que se han profundizado. La mendicidad, la inseguridad ciudadana, los apagones prolongados y la inflación son manifestaciones de un colapso que el régimen se niega a reconocer en su dimensión real.
El exodo migratorio, que ha drenado a cientos de miles de cubanos en los últimos años, ha dejado un país envejecido, con una fuerza laboral menguante y con un tejido social cada vez más fracturado. Las personas que mendigan en las calles son, en muchos casos, ancianos cuyas pensiones no alcanzan para cubrir ni una semana de alimentación básica, o jóvenes sin oportunidades laborales en un mercado estrangulado por el control estatal. La ministra Feitó, en su discurso, no hizo más que verbalizar el desprecio institucional que el régimen siente hacia aquellos que evidencian, con su sola existencia, el fracaso del modelo.
Consecuencias y perspectivas
La salida de Marta Elena Feitó Cabrera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no modificará la trayectoria de las políticas que han generado la crisis social que su discurso intentaba estigmatizar. Su reemplazo, cualquiera que sea, operará dentro de los mismos márgenes institucionales y responderá a las mismas directrices del régimen. La destitución, en este sentido, es una operación de cosmética política que no aborda las causas estructurales de la mendicidad ni reconoce la responsabilidad del gobierno cubano en el empobrecimiento sostenido de la población.
Para la ciudadanía, el episodio refuerza una percepción que se ha consolidado en los últimos años: los cambios de figuras en el gabinete no se traducen en cambios de políticas. La dictadura cubana continúa recurriendo a las mismas tácticas de siempre: sacrificar piezas visibles para preservar un sistema que, después de más de seis décadas, no ha logrado garantizar los derechos básicos que prometió. Mientras tanto, los mendigos seguirán en las calles, no porque una ministra los haya calumniado, sino porque el modelo económico y político que los empujó a la indigencia permanece intacto.
