La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó a Cuba en el capítulo de situaciones especialmente graves de su informe anual, al constatar la persistencia de \»violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos\». El organismo interamericano detalló un patrón de represión sostenida, el cierre del espacio cívico y una alarmante situación en las prisiones de la isla, donde se registran muertes por desnutrición, tortura y trabajo forzado.
En su evaluación correspondiente al año 2025, el régimen de La Habana vuelve a ser señalado por el ejercicio abusivo del poder y la total falta de independencia institucional. La CIDH advirtió que la represión contra la disidencia se ha agudizado desde las protestas del 11 de julio de 2021, consolidando un patrón de detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios, vigilancia, amenazas y cortes de internet. Estas prácticas, ejecutadas por agentes estatales y grupos afines al gobierno cubano, tienen como objetivo impedir cualquier reunión pacífica o manifestación de descontento social en un contexto de profunda crisis económica.
El informe detalla cómo la dictadura cubana ha implementado un \»cierre total del espacio cívico\», afectando de manera especial a líderes sociales, opositores, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, mujeres, afrodescendientes y personas de la comunidad LGBTIQ. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó una represión sistemática contra los trabajadores de la prensa, quienes enfrentan citaciones ilegales y hostigamiento constante por intentar informar sobre la realidad de la isla. Las autoridades han intensificado la criminalización de quienes documentan abusos, urgiendo al Estado a cesar cualquier interferencia arbitraria en el ejercicio de estos derechos fundamentales.
Crisis penitenciaria, muertes y trabajo forzado
El panorama carcelario descrito por el organismo es particularmente severo y evidencia la crueldad del sistema penal impulsado por la dictadura. Aunque se valoró la excarcelación de 553 personas —de las cuales al menos 230 estaban presas por razones políticas—, la CIDH alertó que muchos liberados quedaron bajo estricta vigilancia, con restricciones a su libertad de expresión y movimiento, bajo amenaza de regresar a prisión. Además, se documentaron al menos 24 muertes bajo custodia estatal en el primer semestre del año, atribuidas principalmente a desnutrición y falta de atención médica, junto a 160 denuncias de tortura física y psicoemocional en 43 prisiones.
La falta de transparencia del ejecutivo cubano es otro punto fuertemente criticado, al señalar que el régimen oculta las estadísticas oficiales de su población penal desde 2012. Estimaciones de la sociedad civil apuntan a que Cuba podría rondar las 100.000 personas presas, con una tasa de 910 por cada 100.000 habitantes, incluyendo a casi 60.000 personas forzadas a trabajar en la producción de carbón y cigarros en condiciones coercitivas. Este escenario de represión institucionalizada ocurre mientras la ciudadanía enfrenta prolongados apagones, escasez de alimentos y colapso de los servicios básicos, lo que profundiza el sufrimiento de la población y demanda una respuesta contundente de la comunidad internacional frente a las políticas de estado de la isla.
