El activista y periodista independiente Luis Ángel Cuza Alfonso fue detenido de forma violenta este jueves por agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, en un operativo que tuvo lugar frente a su hija menor de edad en el municipio capitalino de Playa. El arresto, denunciado por familiares y organizaciones de prensa independiente, se enmarca en una nueva ola de hostigamiento y represión desplegada por las autoridades de la isla en vísperas del primero de mayo.
De acuerdo con testimonios de su exesposa, Ana Castillo, y de la activista Keilylli de La Mora Valle, el operativo se ejecutó pasadas las dos de la tarde, cuando Cuza conversaba con la niña en las inmediaciones de su vivienda, en la esquina de Novena. Un vehículo particular gris se detuvo repentinamente y varios individuos bajaron para reducir al opositor. Testigos presenciales relataron que los agentes propinaron golpes al activista, lo sujetaron por el cuello y le rompieron los espejuelos, ignorando los gritos de auxilio de su hija, quien intentó interceder sin éxito ante la fuerza policial.
El paradero de Cuza permanece desconocido hasta el momento. El activista había recuperado su libertad en enero pasado tras pasar seis meses en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, bajo acusaciones de posesión de armas y explosivos, cargos que posteriormente fueron suspendidos mediante el pago de una multa. Su historial de confrontación con el régimen de La Habana incluye múltiples detenciones, entre ellas una condena en 2023 por \»desórdenes públicos\» tras un altercado en una fila de compra, y ocho meses de cárcel por su participación en la protesta de la calle Obispo en 2021, en apoyo al artivista Luis Manuel Otero Alcántara.
Operativo represivo en vísperas del 1 de mayo
La detención de Cuza no es un hecho aislado, sino que forma parte de una estrategia sistemática de la dictadura cubana para neutralizar cualquier manifestación de disidencia en fechas simbólicas. En las últimas semanas, organizaciones de derechos humanos han documentado un incremento en las citaciones ilegales, los arrestos arbitrarios, los confinamientos domiciliarios y los cortes selectivos de telecomunicaciones contra periodistas independientes, activistas y familiares de presos políticos. Esta maquinaria de control social busca garantizar la imagen de normalidad que el gobierno cubano proyecta en sus actos oficiales, silenciando a la fuerza el descontento social ante la profunda crisis económica y el desabastecimiento que azota al país.
El uso de la violencia estatal frente a menores de edad y en espacios públicos evidencia el nivel de impunidad con el que opera el aparato represivo en la isla. Mientras la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan monitoreando la situación, el caso de Ángel Cuza reafirma la persistencia de políticas de criminalización contra la sociedad civil. La incertidumbre sobre su situación jurídica y su integridad física proyecta un panorama sombrío para el activismo en Cuba, donde la exigencia de libertades fundamentales sigue siendo respondida con cárcel y persecución.
