Al menos dos de los manifestantes que participaron en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (11J) en San Antonio de los Baños, Denis Hernández Ramírez y Omar Hernández Calzadilla, fueron citados este jueves por la Seguridad del Estado para comparecer en la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de su municipio. Los jóvenes, beneficiados por un acuerdo de excarcelación entre el Vaticano y el régimen de La Habana en enero pasado, fueron convocados tras reunirse pacíficamente en el Parque de la Iglesia, epicentro de la rebelión popular de 2021, y tomarse una fotografía vestidos de blanco y haciendo la seña de la «L» de libertad.
La acción de los activistas consistió inicialmente en un encuentro casual que derivó en un acto simbólico de conmemoración. Según relató Hernández Ramírez a medios independientes poco antes de dirigirse a la estación policial, la reunión matutina con otros tres exprisioneros políticos del 11J motivó un breve recordatorio del origen de las manifestaciones. La intención era documentar el momento y publicarlo en sus redes sociales como un homenaje a la jornada que sacudió a la isla, utilizando la camisa blanca como emblema universal de protesta pacífica y la señal de la mano como abanderado de la libertad.
Sin embargo, la presencia de individuos identificados como miembros de los órganos de seguridad del Estado, conocidos popularmente como «segurosos», comenzó a rodear el perímetro del parque desde las 11:30 de la mañana. La reacción del aparato represivo fue inmediata y se canalizó a través de la intimidación telefónica. Cuando los activistas se disponían a difundir la imagen, oficiales de la Seguridad del Estado los contactaron para advertirles de forma directa y amenazante: si publicaban la fotografía, se procedería a revocar el beneficio de excarcelación de los cinco individuos involucrados en el encuentro.
A pesar de acatar la orden de no publicar el material visual, la persecución estatal no cesó. La citación obligatoria para comparecer a las 5:00 de la tarde en la unidad de la PNR evidencia cómo el gobierno cubano utiliza el aparato policial y judicial para mantener un control asfixiante sobre quienes han sido liberados bajo condiciones. La mera sospecha de una intención protestataria, incluso sin haberse materializado en una convocatoria pública o en alteraciones del orden, es suficiente para activar la maquinaria de amedrentamiento de la dictadura cubana.
Citación entregada a Hernández Ramírez (Foto: Cortesía)
Antecedentes legales y la criminalización de la protesta
Denis Hernández Ramírez y Omar Hernández Calzadilla permanecieron privados de libertad hasta enero de este año, cuando un entendimiento diplomático facilitado por la Santa Sede permitió la liberación de un grupo de personas condenadas en el contexto del 11J. Hasta ese momento, Hernández Ramírez cumplía una sanción de seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos, mientras que Hernández Calzadilla enfrentaba una condena de cinco años por los supuestos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos.
Estos delitos, tipificados en el Código Penal cubano, han sido ampliamente cuestionados por organismos internacionales de derechos humanos por su naturaleza ambigua y su uso discrecional. El «desacato», en particular, se utiliza de forma sistemática para silenciar cualquier crítica a la figura de los dirigentes o a las instituciones del Estado, consolidando un entorno donde la libertad de expresión está severamente limitada por la amenaza de encarcelamiento. La tipificación de «desórdenes públicos» para lo que en democracias se considera el ejercicio legítimo del derecho a la reunión pacífica, es la principal herramienta jurídica con la que el régimen ha criminalizado a cientos de manifestantes desde 2021.
Las liberaciones negociadas con el Vaticano fueron presentadas por las autoridades de la isla como un gesto de buena voluntad y apertura. Sin embargo, casos como el de estos dos jóvenes en San Antonio de los Baños demuestran que la excarcelación no implica el restablecimiento pleno de los derechos civiles. Por el contrario, los liberados quedan bajo un escrutinio permanente, con la espada de Damocles de la revocación de su libertad condicional pendiendo sobre cualquier acción que el Estado considere subversiva o contrarrevolucionaria.
Citación entregada a Hernández Calzadilla (Foto: Cortesía)
El 11J y el contexto de crisis estructural
El hecho de que el régimen de La Habana reaccione con tal nivel de hostilidad ante una simple fotografía revela el trauma institucional que dejaron las protestas del 11 de julio de 2021. Aquella jornada, miles de cubanos salieron a las calles en medio de la peor crisis económica y sanitaria de las últimas décadas, exigiendo libertad y cambios estructurales. San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, fue el punto de ignición donde la frustración ciudadana por los apagones prolongados, la escasez de medicinas, el colapso del sistema de salud y el hongo del hambre desbordó el muro del miedo.
Cuatro años después de aquel estallido, las causas que motivaron la indignación popular no solo persisten, sino que se han agravado de manera exponencial. El ejecutivo cubano enfrenta una inflación galopante que destruye los salarios reales, un colapso total del sistema eléctrico que mantiene a vastas zonas del país en la oscuridad durante horas diarias, y una profunda crisis de abastecimiento alimentario que ha reinstaurado el racionamiento. Esta coyuntura ha provocado un éxodo migratorio sin precedentes hacia Estados Unidos y América Latina, vaciando ciudades y campos de su fuerza laboral y de su juventud.
En este escenario de fracaso sistémico, el gobierno cubano ha optado por endurecer el cerco represivo en lugar de implementar reformas económicas o políticas reales que alivien la carga sobre la población. El miedo a un nuevo estallido social es latente en las altas esferas del poder, y por ello el aparato de seguridad prioriza la disuasión de cualquier expresión pública de inconformidad. La vigilancia en espacios públicos como el Parque de la Iglesia responde a una estrategia preventiva de control social, diseñada para neutralizar cualquier intento de articulación ciudadana antes de que pueda ganar tracción.
Implicaciones y perspectivas a futuro
La citación de Hernández Ramírez y Hernández Calzadilla envía un mensaje contundente a la sociedad civil y a la comunidad internacional: la flexibilidad diplomática mostrada por el régimen en la liberación de presos no se traduce en una apertura democrática ni en el cese de la represión. El Estado cubano mantiene intacta su voluntad de vigilar y acosar a la oposición, utilizando la libertad condicional como un instrumento de chantaje y silenciamiento perpetuo.
Para la ciudadanía, estas acciones profundizan el clima de desesperanza y desconfianza institucional. El acoso constante a los activistas del 11J evidencia que la justicia en la isla sigue subordinada a los intereses políticos del poder. La comunidad internacional, incluidos los actores diplomáticos que mediaron en las excarcelaciones, deberán mantener un seguimiento riguroso de la situación de los liberados. Exigir al gobierno cubano el respeto irrestricto a las libertades fundamentales debe ser una condición mínima e insoslayable para cualquier acercamiento diplomático o acuerdo de cooperación bilateral, ante la evidencia reiterada de que la represión sigue siendo el pilar fundamental del control en la isla.
