La Seguridad del Estado arrestó a Leticia Ramos Herrería, líder del movimiento Damas de Blanco en la provincia de Matanzas, en un nuevo episodio de hostigamiento contra la disidencia pacífica en la isla. La activista, quien padece problemas cardíacos y un deterioro evidente de su salud, fue trasladada bajo custodia policial en la ciudad de Cárdenas tras varios días de protesta en reclamo de la libertad de los presos políticos.
La detención fue denunciada a través del perfil de Facebook de la opositora por su hijo, quien reportó que efectivos de la Seguridad del Estado y un patrullero se llevaron a su madre. Según el testimonio familiar, Ramos Herrería había mantenido una postura crítica frente a la crisis sistémica que atraviesa el país durante los últimos días, pronunciándose en la madrugada previa a su captura contra el gobierno cubano. El familiar responsabilizó directamente al régimen de La Habana por la integridad física de la activista, advirtiendo sobre su precario estado de salud y denunciando que la vigilancia y los delatores se habían intensificado desde su llegada al país.
Este arresto no es un hecho aislado, sino la continuación de una campaña de amedrentamiento orquestada por la dictadura cubana contra la líder opositora. A finales de agosto, Ramos Herrería fue retenida durante casi siete horas tras salir de la sede nacional del grupo en el barrio habanero de Lawton. En aquella ocasión, fue trasladada a instalaciones de la Contrainteligencia en Matanzas, donde el jefe de Enfrentamiento y otros oficiales le impusieron un acta de advertencia y la amenazaron con encarcelarla si persistía en su labor cívica.
Represión sistemática contra la disidencia femenina
El movimiento Damas de Blanco, surgido en 2003, ha sido históricamente uno de los principales blancos de la represión estatal en Cuba. Las autoridades de la isla mantienen una vigilancia asfixiante sobre sus integrantes, quienes figuran de manera constante en los informes de organizaciones como Cubalex y Prisoners Defenders como uno de los colectivos más vulnerados por la policía política. La criminalización de su labor pacífica evidencia la política de censura y aniquilamiento del disenso que aplica el ejecutivo cubano para evitar cualquier escrutinio social.
A pesar de las constantes amenazas y el desgaste físico que implica el activismo bajo un estado autoritario, Ramos Herrería había reiterado recientemente su determinación de continuar su lucha mientras le quedara \»un soplo de vida\». El arresto de esta fin de semana reaviva las alertas sobre el uso de la violencia estatal para silenciar las demandas ciudadanas y subraya la urgencia de que la comunidad internacional monitoree de cerca los abusos de la dictadura cubana contra los defensores de derechos humanos, cuyo único delito es exigir libertades democráticas en una nación sumida en la profunda crisis.
