Las autoridades de la isla detuvieron el 3 de marzo a Felipe Rodríguez, un cubano de 68 años, en San Antonio de los Baños, Artemisa, tras exhibir en su triciclo lemas contra el gobierno. El arresto evidencia la profundización de la represión contra la libre expresión y la disidencia pacífica en Cuba.
Según confirmó el activista y reportero independiente Pedro Quiala, Rodríguez circulaba en su vehículo con la frase \»No monto ni clarias ni chivatos. Solo hombres libres\». El chofer, que ya había sido \»marcado\» por las fuerzas del orden por expresarse abiertamente en contra del ejecutivo cubano, añadió posteriormente un mensaje más directo: \»La dictadura hay que tumbarla de cualquier manera\». Esta acción pacífica motivó su inmediato encarcelamiento.
El accionar represivo no se limitó al arresto. Durante su encierro en el calabozo, Rodríguez comenzó a gritar consignas, lo que provocó que el segundo jefe de la Policía local le amenazara de muerte, asegurándole que le \»metería un tiro si no se callaba la boca\», detalló la fuente. Hasta el momento, el detenido solo ha tenido contacto con sus familiares, quienes se mantienen en silencio por temor a las represalias del régimen de La Habana.
Represión institucionalizada contra la protesta pacífica
El caso de Rodríguez no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia para silenciar cualquier atisbo de crítica ciudadana. A mediados de febrero trascendió la condena a 10 años de prisión contra Ariel Manuel Martín Barroso, un profesor de 42 años de la Universidad de Sancti Spíritus. El académico fue procesado por los cargos de \»propaganda contra el orden constitucional y desacato\» tras pintar grafitis antigubernamentales, fundamentalmente dirigidos contra la figura de Miguel Díaz-Canel.
Martín Barroso, quien era parte del claustro de la Facultad de Ciencias Técnicas y Empresariales y miembro de la Junta de Acreditación Nacional del Ministerio de Educación Superior, fue objeto de seguimiento por agentes de la Seguridad del Estado. Según el Observatorio de Libertad Académica (OLA), durante el juicio los testigos argumentaron en su contra señalando que siempre resultó \»sospechoso\» por su postura frente al proceso revolucionario. El profesor no se retractó de la autoría de las pintadas en ninguna fase del proceso judicial.
Estos episodios reflejan el cierre cívico que sufre la nación caribeña, donde la simple manifestación de inconformidad a través de pintadas o carteles es castigada con penas draconianas o amenazas directas a la integridad física. La criminalización de la protesta por parte de la dictadura cubana continúa generando el rechazo de la comunidad internacional y de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que exigen la liberación incondicional de los presos políticos y el cese de la persecución ideológica en la isla.
