El activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) Ian Gámez Gell denunció una nueva ola de represión y citaciones arbitrarias por parte de las autoridades de la isla en Santiago de Cuba. El acoso se extiende a su madre, Reina Estrella Gell de la Cruz, de 62 años, quien permanece bajo libertad condicional y es la principal cuidadora de su propia madre, una anciana de 78 años, lo que evidencia la crueldad de los mecanismos de control estatal.
Según relató el opositor en sus redes sociales, la presión institucional se recrudeció cuando una funcionaria del Tribunal Provincial se presentó en su domicilio para exigir la comparecencia de su madre. Gámez Gell cuestionó la medida, reprochando que el mismo tribunal que los condenó de forma injusta continúe obligando a su madre a abandonar el cuidado de la abuela para cumplir con citaciones que pueden repetirse hasta cinco veces al mes. Pocas horas después, el jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) acudió a la vivienda para citar al activista mediante un documento mal redactado, ordenando su presentación en la unidad conocida como \»El Palacete\», bajo amenazas explícitas de retornarlo a la prisión.
La madre del opositor sí asistió a la convocatoria judicial, donde permaneció alrededor de seis horas de pie. Durante este tiempo, las autoridades intentaron presionar a varios sancionados para incorporarse a trabajos y actividades políticas calificadas oficialmente como \»voluntarias\». Gámez Gell señaló que este tipo de coerción es habitual y que quienes se niegan a participar son amenazados con revocar su libertad condicional y enviarlos de vuelta al régimen carcelario cerrado.
Condenas arbitrarias y abusos carcelarios
El origen de esta persecución se remonta a hechos ocurridos durante un apagón en agosto de 2022, cuando agentes del Estado, vestidos como trabajadores de la campaña antivectorial, intentaron detener violentamente al activista. Tras la intervención de su madre, ambos fueron condenados por supuestos delitos de atentado, lesiones y desacato en un juicio que la familia calificó de amañado y plagado de contradicciones en los testimonios policiales. Gámez Gell, quien obtuvo la libertad condicional a finales de año, ha rechazado firmar regularmente ante las autoridades por considerar ilegítima su condena, lo que lo obligó a ocultarse y cambiar de domicilio para evadir a la Seguridad del Estado. Durante su estancia en las prisiones de Aguadores y Mar Verde, el activista sufrió agresiones de presos comunes presuntamente instigados por las autoridades penitenciarias, tras negarse a grabar un video difamatorio contra el líder opositor José Daniel Ferrer García.
El caso de Gámez Gell y su familia ilustra el patrón sistemático de la dictadura cubana de utilizar el aparato judicial y policial para hostigar, aislar y quebrar a los activistas de derechos humanos y a sus entornos familiares. Esta estrategia de represión a baja intensidad se da en el marco de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, caracterizada por el colapso de los servicios básicos, la inflación galopante y un éxodo migratorio masivo, escenarios frente a los cuales el régimen de La Habana responde con un endurecimiento represivo en lugar de abrir espacios democráticos.
La persistencia de estas prácticas de acoso estatal, que no reparan ni siquiera en la vulnerabilidad de ancianos, pone de manifiesto la urgencia de que la comunidad internacional mantenga su escrutinio sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. La impunidad con la que operan las fuerzas del orden sugiere que la represión continuará siendo la principal política del ejecutivo cubano frente a la disidencia, dejando a la ciudadanía a merced de un sistema que criminaliza la exigencia de libertades fundamentales.
