El preso político Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años por las protestas del 11 de julio, permanece recluido en un hospital de Holguín bajo estricta vigilancia de la Seguridad del Estado, esposado a la cama y en estado crítico tras cumplir 39 días de huelga de hambre. La situación ha generado alertas internacionales por el inminente riesgo de fallecimiento del opositor, mientras el régimen de La Habana intensifica el cerco represivo en su contra.
Trasladado desde la prisión de El Yayal al Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín en Holguín, García Caso presenta un severo deterioro físico que incluye pérdida de peso, presión arterial peligrosamente baja e indicios de fallo renal. Según relató su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, tras visitarlo en la sala de terapia intermedia, el joven de 37 años se encuentra consciente pero extremadamente débil, reportado por los médicos en \»estado crítico sin pronóstico\». La protesta, iniciada el 23 de octubre, exige la liberación de todos los presos políticos de la isla.
La respuesta de la dictadura cubana ante el delicado estado de salud del activista ha sido el despliegue de un operativo de seguridad en el centro hospitalario. Testigos y familiares han denunciado que agentes de la Seguridad del Estado custodian el perímetro y mantienen a García Caso esposado a la cama y encadenado por uno de sus pies. Esta medida de castigo, aplicada a un paciente en cuidados intermedios, evidencia el nivel de crueldad institucional con el que el poder trata a quienes se atreven a disentir pacíficamente.
Represión sistemática y abandono institucional
El caso de García Caso no es un hecho aislado, sino una muestra más de la crisis estructural de derechos humanos que atraviesa la isla. Las autoridades cubanas han criminalizado la protesta social desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021, imponiendo condenas desproporcionadas a cientos de ciudadanos. La negación de la atención médica adecuada y el uso de la huelga de hambre como una vía obligada para exigir derechos fundamentales reflejan el colapso del Estado de derecho y la impunidad con la que operan los mecanismos de control político en Cuba.
Ante la gravedad de los hechos, diversas instancias internacionales han alzado la voz. El Centro de Denuncias Defensa CD presentó una solicitud urgente de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la vida del recluso. Asimismo, la Embajada de Estados Unidos en Cuba y el congresista Mario Díaz-Balart han exigido al gobierno cubano la liberación inmediata de García Caso, recordando que cumple una condena injusta en condiciones inhumanas y que la manifestación pacífica es un derecho constitucional.
La evolución de esta crisis sanitaria y represiva recaerá directamente sobre las autoridades de la isla, quienes son responsables de la integridad física del preso político. Si el régimen de La Habana no cede en su política de hostigamiento y no garantiza la vida de García Caso, se enfrentará a un mayor desgaste diplomático y a un endurecimiento de las condenas por parte de la comunidad internacional. Mientras tanto, la ciudadanía cubana continúa observando cómo el sistema penal es utilizado como un instrumento de aniquilación política frente a la falta de libertades.
