La activista de las Damas de Blanco Leticia Ramos Herrería fue impedida de abordar un vuelo con destino a Estados Unidos por oficiales de la Seguridad del Estado. La opositora, residente en Matanzas, fue retenida durante varias horas en el aeropuerto tras ser notificada de que se encuentra \»regulada\», en un nuevo episodio de violación a la libertad de movimiento y censura por parte del régimen.
Según relató la propia activista en un video difundido en sus redes sociales, el incidente ocurrió tras haber completado el chequeo reglamentario previo al abordaje. Una teniente coronel vestida de uniforme, acompañada por los oficiales identificados como capitana Laura y mayor Ramón, la trasladaron a una sala apartada. Allí le comunicaron que le impedían el viaje debido a su intención de participar en un evento de las Damas de Blanco en territorio estadounidense, tildándola de \»mercenaria\» en lugar de reconocer su labor como defensora de los derechos humanos.
Ramos Herrería denunció que la retención se prolongó por varias horas y advirtió sobre su delicado estado de salud, ya que se encuentra a la espera de una operación de corazón. La opositora responsabilizó directamente a la Seguridad del Estado por cualquier complicación médica que pudiera sufrir derivada de este episodio. Además, recordó que ya había estado sometida a esta prohibición de salida, conocida eufemísticamente como \»regulación\», durante nueve años, lo que evidencia el control absoluto y arbitrario que ejerce el aparato represivo sobre la ciudadanía.
Un mecanismo legalizado de represión
La práctica de impedir la salida del país a voces críticas está respaldada por la Ley de Migración cubana (Ley 1312) y su reforma de 2012, las cuales otorgan al gobierno cubano facultades discrecionales bajo ambiguos pretextos de \»defensa y seguridad nacional\». Aunque en 2013 las autoridades de la isla eliminaron el requisito del permiso de salida, la dictadura ha mantenido intacta su capacidad para vetar viajes de opositores, periodistas y activistas. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han documentado esta táctica como una violación flagrante del derecho internacional y una herramienta de represión y exilio forzado.
Pese a las reiteradas advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el ejecutivo cubano garantice la libertad de movimiento, el régimen de La Habana persiste en su política de aislamiento contra los disidentes. Incluso el proyecto de nueva Ley de Migración publicado en 2024 mantiene las cláusulas que habilitan estas restricciones de entrada y salida. Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto Patmos, continúan registrando estos casos, evidenciando que la falta de libertades fundamentales y la persecución política siguen siendo el principal factor de crisis estructural y sufrimiento para la población cubana.
