Andrés Avelino Domínguez Beltrán, un hombre de 78 años residente en el municipio habanero de Marianao, sobrevive en la indigencia tras ser privado de su pensión de retiro por el régimen de La Habana debido a su postura política. El anciano, con más de tres décadas de vida laboral, subsiste con un subsidio de 1.300 pesos mensuales (apenas tres dólares) y depende de la caridad para alimentarse en una vivienda que carece de las condiciones mínimas de habitabilidad.
Domínguez Beltrán reside en el barrio de Los Pocitos junto a su esposa, en una edificación precaria construida con piezas de zinc y madera, donde el piso es de tierra y las filtraciones durante las lluvias son constantes. El casi octogenario relata que el agua potable es inexistente y no cuenta con un saneamiento adecuado, factores que agravan su estado de salud en una etapa de la vida que requiere una nutrición basada en proteínas y fibras, la cual le resulta totalmente inaccesible.
El pensionado asegura que el gobierno cubano le adeuda 18 años de retiro, un derecho negado de forma arbitraria como represalia por su firme postura crítica. \»Me considero un defensor de los derechos humanos y no soy un contrarrevolucionario como han querido hacerme ver ellos\», afirmó el anciano, señalando que la dictadura ha utilizado la exclusión social y el abandono institucional para intentar silenciarlo durante décadas, negándole cualquier tipo de asistencia estatal.
El abandono institucional y la crisis de la tercera edad
El caso de Domínguez Beltrán ilustra la vulnerabilidad extrema que enfrenta la tercera edad en la isla, directamente golpeada por el colapso del sistema de seguridad social. Las recientes actualizaciones de las pensiones decretadas por las autoridades de la isla resultan insuficientes frente a una economía dolarizada y una inflación galopante. Con el euro y el dólar alcanzando cifras récord en el mercado informal, los magros ingresos de los jubilados cubanos no logran cubrir ni las necesidades alimenticias más básicas.
La situación de este anciano evidencia el uso de la precariedad material como herramienta de control y castigo hacia quienes disienten del modelo oficial. Mientras el éxodo migratorio y el empobrecimiento generalizado avanzan sin freno, la falta de respuestas del ejecutivo cubano para los adultos mayores relega a un sector históricamente vulnerable al olvido absoluto, profundizando el deterioro social y la violación sistemática de los derechos fundamentales en la isla.
