Organizaciones de derechos humanos han confirmado que apenas dos de los 2.010 sancionados indultados por el régimen de La Habana son presos políticos reconocidos. La lista, publicada casi dos meses después del anuncio oficial en la Gaceta Oficial, revela la exclusión sistemática de opositores y manifestantes en una medida calificada de discrecional y opaca por la comunidad internacional.
El Decreto Presidencial 1212/2026, firmado por Miguel Díaz-Canel el pasado 3 de abril, recién fue divulgado en la Gaceta Oficial. Tras el contraste de este documento con las bases de datos de Prisoners Defenders y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), se identificó a Iván Leydis Acosta Matos y a Kevin Lay Laureido Rojas como los únicos beneficiados por motivos estrictamente políticos. Acosta Matos, de 25 años, fue detenido en junio de 2023 tras manifestarse de forma pacífica, mientras que Laureido Rojas fue enjuiciado por abandonar una unidad militar tras negarse a cumplir el servicio militar obligatorio.
A pesar de la magnitud del indulto, la dictadura cubana mantiene su política de criminalización de la disidencia. El listado oficial incluye a unos 95 ciudadanos condenados por \»delitos contra la seguridad del Estado\», una figura jurídica habitualmente utilizada para reprimir a manifestantes y activistas. Además, el decreto no especifica cuántos de los indultados han sido efectivamente excarcelados, ni detalla si permanecen sujetos a vigilancia estatal, restricciones de movilidad o amenazas de revocación de la medida.
Represión y falta de transparencia en medio de la crisis estructural
El anuncio de estos indultos se produce en un contexto de aguda crisis económica y social en la isla, marcada por una inflación galopante, el colapso de los servicios públicos y un éxodo migratorio sin precedentes. Ante la creciente presión social, el gobierno cubano recurrió a un \»gesto humanitario\» que, en la práctica, excluye a los cientos de presos políticos vinculados a las protestas del 11 de julio y a otros ciudadanos encarcelados por ejercer su derecho a la libre expresión. Organizaciones como el Centro de Información Legal Cubalex y Amnistía Internacional ya habían cuestionado la falta de garantías del proceso, exigiendo la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por motivos políticos.
La marginación de los presos políticos en este indulto evidencia que las autoridades de la isla no tienen voluntad real de abrir espacios democráticos o desescalar la represión institucional. Esta postura mantiene a Cuba en la mira de la comunidad internacional y refuerza la percepción de que las medidas de flexibilización penal son meras estrategias de supervivencia del régimen, antes que un avance genuino en materia de derechos humanos. Mientras tanto, cientos de familias continúan esperando justicia y la liberación de sus seres queridos, encarcelados únicamente por disentir del poder.
