El activista y líder del Movimiento por una Nueva República (MONR), Mario Alberto Hernández Leyva, fue víctima de desaparición forzada durante cinco días tras cumplir una condena de un año de prisión. El opositor, de 56 años, salió del centro penitenciario de máximo rigor El Pitirre, en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón, pero fue interceptado por la Seguridad del Estado y mantenido incomunicado hasta que un oficial confirmó su paradero en el cuartel general de Villa Marista.
La denuncia fue inicialmente planteada por Nilo Abrahantes Santiago, manifestante del 11J recluido en la propia prisión El Pitirre, también conocida como 15-80. Según el testimonio, Hernández Leyva había sido sometido a régimen de castigo y aislamiento diez días antes de su fecha programada de liberación por negarse a vestir el uniforme de preso. Al salir de la instalación carcelaria, ubicada en la carretera de Santa María del Rosario, una perseguidora de los órganos represivos lo esperaba para ejecutar su nuevo arresto.
Ante la ausencia del activista, Maritza Concepción Sarmiento, delegada del MONR en el municipio de Guanabacoa, junto a otros integrantes del grupo opositor, recorrieron diversas unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) sin obtener información oficial sobre su paradero. La incertidumbre terminó cuando un individuo que se identificó como instructor de la Sección 21 de Villa Marista llamó para informar que Hernández Leyva se encontraba bajo su custodia. El uniformado se negó a brindar su nombre y ordenó a la activista recoger las pertenencias del prisionero en El Pitirre.
Al indagar sobre el estado de salud y los motivos de esta nueva detención, el oficial de la dictadura cubana se limitó a responder que el opositor se encontraba \»bien\», espetando a la activista: \»Confórmese con saber que está aquí y está bien\», cortando posteriormente la comunicación. Hernández Leyva, natural de Holguín y trabajador por cuenta propia en el municipio de Centro Habana, acababa de cumplir una condena de un año por el supuesto delito de resistencia, figura delictiva habitualmente utilizada por las autoridades de la isla para criminalizar la disidencia. Previamente, había permanecido recluido en la prisión de Valle Grande por un periodo similar bajo los mismos cargos.
Represión sistemática y criminalización de la disidencia
El caso de Hernández Leyva no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la política de hostigamiento constante y violaciones de derechos humanos que ejerce el régimen de La Habana contra los activistas políticos. La utilización de la desaparición forzada como método de intimidación psicológica forma parte del aparato represivo que busca desarticular cualquier intento de organización ciudadana en medio de la profunda crisis estructural, económica y social que atraviesa la isla. Este patrón de detenciones arbitrarias y reclusiones sucesivas evidencia la falta de garantías procesales y el control absoluto que ejerce la Seguridad del Estado sobre el sistema judicial cubano.
La reclusión indefinida y sin cargos claros del líder del MONR plantea serias interrogantes sobre el escalamiento de las medidas coercitivas contra la oposición interna. Mientras la comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen su mirada sobre los presos políticos en la isla, acciones como esta demuestran que el aparato de seguridad continúa operando con total impunidad. La situación de Hernández Leyva exige una vigilancia constante, ya que su integridad física y psicológica queda a merced de las fuerzas del Estado.
