El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo trasladó este sábado a decenas de presos políticos nicaragüenses desde las cárceles hasta sus viviendas, bajo un régimen de \»casa por cárcel\» que mantiene restricciones severas de movilidad y vigilancia permanente. La medida, confirmada por organizaciones de derechos humanos y familiares, no constituye una liberación plena sino una nueva forma de control estatal sobre opositores y críticos.
La operación fue denunciada en primer lugar por el periodista y exprisionero político Miguel Mendoza, quien a través de la red social X reportó la movilización de buses del Sistema Penitenciario en ciudades como Masaya y Granada. \»La dictadura Ortega y Murillo está excarcelando presos políticos, andan buses del Sistema Penitenciario en varias ciudades, dejándolos en sus casas\», señaló Mendoza, quien confirmó inicialmente cinco nombres antes de que la cifra se ampliara. Según el diario La Prensa, basándose en testimonios de familiares, el número de excarcelados asciende a aproximadamente 40 personas, todas bajo la modalidad restrictiva de arresto domiciliario.
El portal 100% Noticias identificó entre los liberados a dirigentes liberales como Valmore Valladares y Alejandro Hurtado, así como a las presas políticas Eveling Matus, Eveling Guillén, Carmen Sáenz y Lesbia Gutiérrez. Estas dos últimas, trabajadoras de la Diócesis de Matagalpa, permanecieron 475 días en condición de desaparición forzada, sin ningún tipo de comunicación con sus familiares. El mismo medio reportó que Eliseo Castro, un preso político hospitalizado durante casi cuatro años tras sufrir un derrame cerebral en prisión, también figura entre los excarcelados. El diario digital Confidencial confirmó que varios de los liberados son adultos mayores con enfermedades crónicas agravadas por las condiciones de cautiverio.
Condiciones impuestas: control y vigilancia permanentes
El opositor liberal Alfredo Gutiérrez detalló las condiciones impuestas a los excarcelados, tomando como ejemplo el caso de Alejandro Hurtado: \»Fue enviado a su casa con su familia, se le ha dado departamento por cárcel, tiene que presentarse diario a firmar a la estación de policía de Nindirí\». Gutiérrez afirmó tener conocimiento de un total de 39 excarcelados, aunque reconoció no disponer aún de la lista completa. El gobierno nicaragüense no ha publicado ninguna lista oficial de excarcelados, manteniendo su política de opacidad informativa.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua, instancia integrada por organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares, confirmó la excarcelación de al menos ocho personas pero advirtió con claridad que no se trata de una liberación genuina. \»El régimen sustituye cárcel por nuevas formas de control y vigilancia\», indicó la organización, que en informes previos ya había alertado sobre el aumento de detenciones arbitrarias y el uso sistemático de figuras como el arresto domiciliario para mantener la represión sobre opositores.
Un patrón represivo compartido en la región
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas, más de 5.000 personas fueron detenidas arbitrariamente en el país entre abril de 2018 y agosto de 2025. La estrategia de \»casa por cárcel\» reproduce mecanismos de control que también han sido documentados en Cuba, donde el régimen de La Habana utiliza habitualmente la licencia extrapenal, el régimen domiciliario y otras figuras jurídicas para mantener bajo vigilancia a opositores sin necesidad de mantenerlos en instalaciones penitenciarias. Ambos regímenes comparten no solo alianzas diplomáticas sino también manuales de represión que priorizan el control social sobre cualquier apertura democrática.
Las consecuencias de esta medida siguen siendo inciertas para los afectados. Aunque el traslado a domicilio representa un alivio relativo frente a las condiciones carcelarias —especialmente para los enfermos y adultos mayores—, la obligación de presentarse diariamente ante las autoridades policiales y la vigilancia constante limitan de hecho el ejercicio de derechos fundamentales. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberán mantener la presión para verificar que estas excarcelaciones no se conviertan en una simple reubicación de la represión, y para exigir la liberación incondicional de todos los presos políticos que permanecen bajo control del régimen Ortega-Murillo.
