La minera canadiense Sherritt International Corporation ha evidenciado la profunda crisis financiera que atraviesa su operación en Cuba, al revelar que el régimen de La Habana acumula una deuda de 344,1 millones de dólares. La compañía advierte que la repatriación de fondos y el pago de sus facturas dependen directamente de la disponibilidad de divisas y de las decisiones del ejecutivo cubano.
En su informe financiero correspondiente al segundo trimestre del año, la empresa detalló que solo logró recuperar 6 millones de dólares de los 14 millones facturados a su socio estatal. Esta falta de liquidez obliga a priorizar el mantenimiento de las plantas y la compra de insumos operativos, dejando rezagados los pagos de dividendos y préstamos. Además, el reporte subraya un riesgo financiero crítico: la deuda pendiente no genera intereses y no está respaldada por activos específicos, lo que imposibilita garantizar cuándo, o incluso si, se recuperará el monto total adeudado.
A la asfixia financiera se suma el deterioro operativo. Durante este periodo, la producción atribuible a Sherritt cayó a 1.700 toneladas de níquel y 200 toneladas de cobalto, en comparación con el mismo lapso del año anterior. Aunque la segunda fase de expansión en Moa ha comenzado su arranque, aún no alcanza la producción comercial. Las autoridades de la isla no logran garantizar la estabilidad necesaria, y la empresa atribuye el bajo rendimiento a cuellos de botella operativos y paradas de mantenimiento.
Impacto del colapso económico nacional en la inversión extranjera
La situación de Sherritt es un reflejo del colapso estructural que sufre la isla. La inflación galopante, la devaluación del peso cubano y los severos desafíos logísticos representan amenazas constantes para la continuidad de cualquier proyecto empresarial. El gobierno cubano ha perdido la capacidad de proveer las divisas necesarias para sostener sus alianzas estratégicas, sometiendo a las empresas extranjeras a un estado de incertidumbre permanente. Cualquier mejora operativa, admite la propia compañía, está condicionada a la estabilidad macroeconómica que la dictadura cubana no ha podido garantizar.
La incertidumbre sobre el plan de pagos y la imposibilidad de repatriar capital desincentivan la inversión extranjera, un sector que el régimen promueve como tabla de salvación pero que ahoga con sus controles y falta de liquidez. Mientras la empresa mantiene su guía de producción para este año, la dependencia de las decisiones gubernamentales augura más tensiones con socios y acreedores. Esta dinámica confirma que la falta de un marco de libertades económicas y el control absoluto del Estado sobre los recursos condenan a la isla al aislamiento financiero y al estancamiento productivo.
