La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) ha incluido en su base de datos pública de represores al fiscal Ayrebi Miranda Pérez, responsable de solicitar hasta nueve años de prisión contra seis ciudadanos de Villa Clara por participar en una protesta pacífica durante un apagón. La medida responde a la creciente criminalización del disenso y la represión sistemática ejercida por la dictadura cubana contra quienes exigen servicios básicos.
Miranda Pérez, quien se desempeña como fiscal del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, fue señalado por su papel protagónico en el procesamiento de seis vecinos del municipio Encrucijada. El funcionario fundamentó su acusación en el Expediente de Fase Preparatoria 944 de 2024, imputando el supuesto delito de Desórdenes Públicos, una figura jurídica recurrentemente utilizada por las autoridades de la isla para silenciar la inconformidad social y evitar la propagación de la protesta.
Entre los procesados figura el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, para quien el representante del Ministerio Público solicitó una sanción de seis años de privación de libertad. La petición de penas, que alcanza hasta nueve años para el conjunto de los acusados, ha sido catalogada por organizaciones defensoras de los derechos humanos como un acto de persecución política y encarcelamiento arbitrario, tipificables dentro de las prácticas de lesa humanidad.
Los hechos que motivaron la causa judicial se remontan al 7 de noviembre de 2024, cuando seis residentes de Encrucijada se dirigieron a la sede del Gobierno y del Partido Comunista local para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico. La manifestación, ocurrida alrededor de las 7:30 de la noche, consistió en portar calderos, sillas y cubos plásticos mientras gritaban «¡Queremos corriente!», una escena cada vez más común en un país sumido en la desesperación energética.
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A pesar de que la protesta no registró daños materiales, agresiones físicas ni alteraciones graves del orden público, el régimen de La Habana optó por la vía penal para sofocar el descontento. El propio expediente fiscal reconoce que se trató de una reacción espontánea derivada del prolongado apagón, destacando que los manifestantes no interrumpieron el tráfico vehicular ni opusieron resistencia durante el arresto. Además, los imputados carecían de antecedentes penales y varios contaban con reconocimientos laborales y una destacada trayectoria en actividades comunitarias.
Para justificar la severidad de las penas solicitadas, Miranda Pérez recurrió a elementos ajenos a la supuesta alteración del orden. El fiscal utilizó como agravantes las publicaciones realizadas por los imputados en redes sociales, con especial énfasis en los textos de Barrenechea, así como el «impacto mediático» que generó la detención. La FDHC advierte que esta maniobra constituye un acto de prevaricación, al instrumentalizar el sistema judicial para castigar el ejercicio legítimo de la protesta ciudadana y la libertad de expresión.
Violación de garantías internacionales
La ficha pública emitida por la FDHC detalla que la actuación del funcionario contraviene principios fundamentales consagrados en los artículos 7 al 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos preceptos garantizan el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y la protección contra la imposición de penas desproporcionadas. La organización subraya que la criminalización de la protesta pacífica se enmarca en la política sistemática de la dictadura cubana para aniquilar cualquier vestigio de disidencia.
Contexto: El colapso energético y la respuesta represiva
El caso de Encrucijada no es un suceso aislado, sino una consecuencia directa del profundo deterioro estructural que atraviesa la isla. El Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha colapsado progresivamente, sumiendo a amplias zonas del país en apagones que superan las 12 y 18 horas diarias. Esta crisis, producto de la falta de mantenimiento, la obsolescencia de las termoeléctricas, la corrupción interna y la escasez crónica de combustible, ha provocado un clima de tensión social inédito, empujando a los ciudadanos a tomar las calles para reclamar lo más básico.
Ante el aumento de las manifestaciones espontáneas, el gobierno cubano ha endurecido su maquinaria represiva. La judicialización de la inconformidad se ha convertido en la principal herramienta de control social. La Fiscalía General de la República y los tribunales operan sin independencia, subordinados a las directrices del Partido Comunista, actuando como apéndices punitivos del Estado. El uso del delito de Desórdenes Públicos se ha masificado desde las protestas del 11 de julio de 2021, funcionando como un mecanismo legal para incapacitar y amedrentar a los opositores y activistas comunitarios.
Esta constante vulneración de derechos fundamentales ocurre en medio de una aguda crisis económica caracterizada por una inflación descontrolada, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y una grave depreciación del salario real. La asfixia económica combinada con la represión política ha detonado el mayor éxodo migratorio de la historia reciente de Cuba, con cientos de miles de ciudadanos abandonando la isla ante la imposibilidad de ejercer sus derechos civiles y garantizar su subsistencia material.
Antecedentes de impunidad y rendición de cuentas
La represión institucionalizada en Cuba cuenta con antecedentes alarmantes que evidencian un patrón sistemático de violaciones. Tras las manifestaciones del 11J, cientos de personas fueron sometidas a juicios sumarios y condenadas a penas de hasta 25 años de prisión, en procesos plagados de irregularidades y donde fiscales y jueces actuaron bajo órdenes superiores. La documentación de responsabilidades individuales, como la emprendida por la FDHC con el caso de Miranda Pérez, busca romper el muro de impunidad que ha protegido históricamente a los funcionarios que ejecutan y legitiman la violencia estatal.
Implicaciones futuras y exigencia de justicia
La exposición pública de los operadores judiciales de la dictadura cubana representa un paso crucial en la lucha por la rendición de cuentas. Si bien en el corto plazo el régimen de La Habana continuará recurriendo al encarcelamiento preventivo y a las peticiones draconianas para amedrentar a la población, el registro de estos abusos sienta un precedente para futuros procesos de justicia transicional. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su escrutinio sobre la isla, exigiendo el cese de la persecución política y la liberación incondicional de los presos por motivos de conciencia, mientras la sociedad civil cubana resiste frente a un aparato estatal decidido a penalizar la desesperación ciudadana.
