La detención en La Habana de Martiño Ramos Soto, profesor gallego condenado a 13 años de prisión por agresiones sexuales continuadas a una alumna menor de edad, evidencia cómo la falta de acuerdos bilaterales y la impunidad institucional convierten a la isla en un destino atractivo para prófugos de la justicia internacional.
Las autoridades cubanas comunicaron este lunes el arresto del fugitivo al gobierno español, tras una orden internacional de detención emitida por la Audiencia Provincial de Ourense. Ramos Soto, quien figuraba entre los delincuentes más buscados por la Policía Nacional de España, había sido ratificado por el Tribunal Supremo por delitos de violación y abuso sexual. La sentencia detalla prácticas de carácter \»sádico\» contra una alumna a la que comenzó a acosar cuando tenía apenas 12 años, prolongando los abusos hasta los 16, todo mientras mantenía su cargo docente en Galicia.
La huida del condenado, ocurrida en julio pasado, revela una planificación meticulosa. Tras pasar por Portugal, Brasil y Perú, Ramos Soto ingresó a Cuba con su pasaporte original, instalándose en La Habana bajo la falsa identidad de \»Martín Soto\», presentándose como fotógrafo profesional. En la isla, el prófugo participó en actividades culturales y eventos sociales, donde, según testimonios recogidos por medios españoles, era visto en ambientes de ocio rodeado de chicas jóvenes, justificando su presencia como una etapa de \»exploración sexual\».
Impunidad y vulnerabilidad en la isla
Para la criminóloga y abogada Beatriz de Vicente, la elección de Cuba no fue casualidad. La especialista señala que el agresor, calificado como un depredador con preferencias hacia adolescentes, buscó un entorno donde el acceso a menores vulnerables fuera más sencillo y la vigilancia institucional fuera nula. En este sentido, la dictadura cubana ofrece un caldo de cultivo ideal para este tipo de perfiles: la ausencia de libertades públicas se combina con un desplome de los mecanismos de protección a la infancia y la juventud, dejando a la ciudadanía en un estado de indefensión total frente a delincuentes extranjeros que encuentran en la isla un paraíso de impunidad.
A nivel jurídico y diplomático, la decisión del régimen de La Habana de arrestar al fugitivo responde a la presión internacional. Aunque España y Cuba no mantienen un tratado bilateral de extradición vigente, el jefe de la sección de fugitivos de la Policía Nacional española, Fernando González, confirmó que la ausencia de este convenio no impide la entrega, sino que la somete a negociaciones políticas caso por caso. La petición formal de extradición activó la alerta sobre el español, forzando al ejecutivo cubano a actuar para evitar un mayor escrutinio sobre su rol como santuario para criminales.
El caso de Martiño Ramos Soto expone una vez más las grietas estructurales del sistema cubano. Mientras el gobierno cubano utiliza el aparato policial para acosar a opositores políticos, silenciar a la prensa independiente y reprimir a la sociedad civil, los vacíos legales y la falta de cooperación internacional transparente permiten que delincuentes sexuales de alto perfil operen con total tranquilidad en las calles de La Habana. La eventual extradición del profesor gallego dependerá ahora de las negociaciones entre ambos gobiernos, pero el riesgo generado en la población civil cubana durante su estadía es una consecuencia directa del estado de desprotección que impera en la isla.
