La arremetida policial contra el grupo artístico El 4tico en Holguín, que ha sido sometido a un ciclo de detenciones, liberaciones y nuevos encierros, evidencia la intensificación de la estrategia represiva de la dictadura cubana contra expresiones culturales disidentes y confirma un patrón de violencia estatal que ya había sido observado con el Movimiento San Isidro en La Habana, en un momento en que la crisis estructural del país profundiza el descontento social y las deserciones dentro del propio aparato oficialista.
La actuación contra los jóvenes integrantes de El 4tico reproduce un esquema de hostigamiento sistemático que las autoridades de la isla han perfeccionado en los últimos años contra colectivos artísticos y activistas que se atreven a cuestionar el discurso oficial. El método consiste en detenciones arbitrarias, amenazas, provocaciones y un ciclo de encierro-liberación-encierro diseñado para desgastar psicológicamente a los objetivos, aislarlos de sus redes de apoyo y eventualmente forzar su salida del país o su confinamiento carcelario. Es la misma táctica empleada contra Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Osorbo, líderes del Movimiento San Isidro, quienes fueron encarcelados tras meses de acoso y hostigamiento continuo.
Lo ocurrido en Holguín adquiere una dimensión particularmente alarmante porque sugiere que el régimen de La Habana no ha extraído lección alguna de la represión contra el Movimiento San Isidro, sino que, por el contrario, ha decidido replicar y escalar ese modelo contra otros colectivos que surgen en distintas provincias del país. La geografía de la represión se amplía y con ella la certeza de que la dictadura cubana percibe cualquier manifestación de pensamiento autónomo como una amenaza existencial que debe ser neutralizada antes de que germine.
El silencio forzado y el exilio como sustitutos de la cárcel
Uno de los aspectos más reveladores de la situación de los derechos humanos en Cuba es que la cifra de presos políticos no refleja la magnitud real de la represión. Una proporción considerable de los cubanos que disienten, que se oponen al régimen o que simplemente desean ejercer su derecho a la libre expresión han optado por simular obediencia, callar, o abandonar el país. El exilio, en sus múltiples modalidades, ha funcionado como una válvula de escape que el gobierno cubano ha tolerado e incluso fomentado, consciente de que la emigración reduce la presión social interna y, simultáneamente, genera un flujo de remesas del que depende la supervivencia económica de millones de hogares en la isla.
Incluso aquellos que sostienen haber emigrado por razones estrictamente económicas, y no políticas, portan transformaciones de mentalidad derivadas de la experiencia en sistemas democráticos que los convertirían en potenciales disidentes de regresar a Cuba. El distanciamiento geográfico los protege de la represión, pero también los excluye del escenario donde se disputa el futuro del país. Esta dinámica ha permitido al ejecutivo cubano presentar una imagen relativamente moderada en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional, mientras en el interior de la isla el control se ejerce mediante mecanismos más sutiles pero igualmente efectivos: el miedo, la autocensura, el aislamiento y la amenaza permanente de pérdida de empleo o de acceso a servicios básicos.
Deserciones internas y fracturas en el oficialismo
La represión contra El 4tico coincide con un fenómeno que preocupa particularmente a la cúpula del poder en Cuba: el creciente desmarque de figuras que durante décadas se identificaron con el castrismo y que ahora expresan públicamente su descontento. Intelectuales, científicos, artistas y profesionales que en otro tiempo prestaron su respaldo al discurso oficial han comenzado a nuclearse en torno a grupos críticos, decepcionados por el fracaso de las políticas gubernamentales, la falta de libertades y la percepción de que una casta militar ha saqueado los recursos del Estado para beneficio propio.
Estas deserciones debilitan la narrativa de unidad que el gobierno cubano ha construido durante más de seis décadas y exponen las fracturas internas de un aparato que ya no logra sostener la cohesión ideológica de antaño. La hipocresía de las políticas oficiales, el incumplimiento reiterado de promesas económicas y la priorización de la inversión hotelera y turística sobre la producción de alimentos y la generación eléctrica han erosionado la base de legitimidad del régimen, incluso entre quienes fueron sus más firmes defensores.
La crisis energética y el manejo opaco de los recursos
El contexto en el que se desarrolla esta ofensiva represiva es el de una crisis económica sin precedentes que se manifiesta en escasez generalizada, inflación descontrolada, colapso del sistema eléctrico y un déficit estructural de combustible que precede por años a cualquier medida estadounidense. Las autoridades de la isla han intentado atribuir la escasez de hidrocarburos a sanciones externas, pero investigaciones periodísticas y denuncias de exfuncionarios han documentado que el petróleo venezolano que llegaba a Cuba en volúmenes considerables era en gran parte reexportado o destinado a garantizar el funcionamiento del aparato represivo y el mantenimiento del nivel de vida de la élite dirigente, mientras solo una porción ínfima se asignaba a la generación eléctrica, el transporte público y la producción de alimentos.
La reciente dolarización de las gasolineras, presentada por el gobierno cubano como una medida frente a supuestos obstáculos externos, ha sido recibida con indignación por una población que durante décadas ha soportado apagones prolongados, colas interminables y un deterioro acelerado de las condiciones de vida. La percepción generalizada es que los recursos del país han sido administrados con opacidad y que las justificaciones oficiales constituyen una cortina de humo para ocultar la corrupción sistémica y la priorización del control político sobre el bienestar ciudadano.
El patrón de la represión y sus antecedentes
La arremetida contra El 4tico no es un hecho aislado sino la reactivación de un mecanismo de control que la dictadura cubana ha empleado de manera sistemática contra cualquier expresión de disidencia organizada. El Movimiento San Isidro, surgido en La Habana a finales de 2020, fue objeto de un operativo similar: acoso policial constante, campañas de descrédito en los medios oficiales, detenciones arbitrarias y finalmente el encarcelamiento de sus líderes más visibles. La represión contra San Isidro fue presentada por las autoridades como una respuesta a supuestas provocaciones, pero el patrón revela una estrategia premeditada de aniquilamiento de la disidencia cultural.
La desmemoria que caracteriza a amplios sectores de la sociedad cubana, producto de más de seis décadas de totalitarismo y trauma psicológico, ha contribuido a que estos episodios no generen una respuesta colectiva sostenida. Cada caso de represión es percibido como un suceso aislado en lugar de como parte de un sistema de violencia estatal, lo que facilita la impunidad del régimen y permite que las prácticas abusivas se repitan y se extiendan contra nuevos objetivos.
Contexto: la crisis estructural y el agotamiento del modelo
Cuba atraviesa una de las crisis más profundas de su historia contemporánea. La combinación de una economía centralizada ineficiente, el colapso de los sectores exportadores tradicionales, la dependencia del flujo de remesas y el impacto de las sanciones internacionales ha generado un escenario de empobrecimiento masivo. La inflación ha destruido el poder adquisitivo de los salarios estatales, que resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene. El éxodo migratorio, que ha alcanzado cifras récord en los últimos años, ha privado al país de fuerza laboral calificada y ha envejecido la estructura demográfica, profundizando los desequilibrios del sistema.
En este contexto de deterioro acelerado, la represión funciona como el principal instrumento de contención social del régimen. Sin capacidad para ofrecer soluciones económicas ni para abrir espacios de participación ciudadana, el gobierno cubano ha optado por intensificar el control policial, la vigilancia digital y la criminalización de la protesta. La respuesta a cualquier manifestación de descontento, por pacífica que sea, es la fuerza desproporcionada y el procesamiento penal con cargos fabricados.
La comunidad internacional ha mantenido una postura fluctuante frente a la situación cubana. Mientras algunos gobiernos y organismos de derechos humanos han condenado la represión y exigido la liberación de los presos políticos, otros han priorizado la relación diplomática y los intereses comerciales por encima de la exigencia de apertura democrática. Esta ambivalencia ha permitido al régimen de La Habana operar con un margen de maniobra considerable, consciente de que las consecuencias internacionales de sus abusos internos son limitadas.
Implicaciones y perspectivas
El episodio de El 4tico en Holguín plantea interrogantes fundamentales sobre el agotamiento de las estrategias de resistencia hasta ahora ensayadas y sobre la eficacia de los llamados al diálogo con un régimen que ha demostrado reiteradamente su disposición a responder con violencia a cualquier forma de disidencia. Para los sectores que aún sostienen la posibilidad de una transición pacífica, la sistematicidad de la represión y la ausencia de contrapartes dispuestas a negociar de buena fe representan un desafío a sus premisas.
Las consecuencias a futuro para la ciudadanía cubana son profundas. La continuidad de las prácticas represivas, en medio de una crisis económica que no muestra signos de resolución, configura un escenario de creciente tensión social cuya evolución es impredecible. La desobediencia civil, la protesta pacífica y la organización comunitaria emergen como respuestas posibles, pero enfrentan el desafío de un aparato represivo que ha demostrado su capacidad y su voluntad de actuar sin límites ni escrúpulos contra quienes se atreven a romper el silencio impuesto.
