La joven, quien cumplía una condena vinculada a las protestas del 11J y gozaba de un beneficio de excarcelación, fue arrestada durante una manifestación en el municipio de Arroyo Naranjo. Familiares denuncian agresiones físicas por parte de la policía y alertan sobre el uso de centros de salud mental como método de represión.
Yunaiky Linares fue detenida en el barrio habanero de Santa Amalia, en Arroyo Naranjo, al intentar defender a un ciudadano que estaba siendo arrestado de manera arbitraria durante una protesta vecinal. Según relató la propia activista en un video difundido desde la estación policial de Capri, los agentes la introdujeron al patrulla de manera violenta, golpeándola e incluso asfixiándola durante el traslado. Además, denunció haber sido recluida injustamente en una celda destinada a hombres.
El régimen de La Habana ha informado a los familiares que Linares será trasladada al Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido popularmente como Mazorra, o al Hospital Julio Trigo para someterla a una supuesta medicación especializada. La madre de la joven, Yurka Rodríguez, y su padrastro, Luis Alberto Reyes López, también fueron víctimas de agresiones durante el operativo, resultando este último trasladado al centro de detención de El Vivac. La familia ha expresado profunda preocupación por el estado físico y psicológico de la activista, recordando que procedimientos similares fueron aplicados contra ella tras su arresto en las históricas movilizaciones de 2021.
El sistema de salud mental como herramienta de control político
El anuncio del traslado de Linares a un centro psiquiátrico reaviva las denuncias de organizaciones independientes sobre el uso de instituciones de salud como mecanismo de castigo contra ciudadanos que se oponen al gobierno cubano. Esta práctica busca deslegitimar el activismo social bajo el pretexto de alteraciones mentales, una acusación que las autoridades de la isla rechazan de manera sistemática ante la comunidad internacional, pero que continúa siendo una constante en la represión a la disidencia.
La detención de Linares se enmarca en una nueva ola de protestas y cacerolazos que recorren el país debido a los prolongados apagones, la escasez de alimentos, la falta de agua potable y el colapso generalizado de los servicios básicos. La respuesta de la dictadura cubana ha sido el aumento de la vigilancia, los arrestos arbitrarios y la violencia directa contra quienes expresan su descontento público, lo que ha generado un clima de profunda preocupación entre activistas y familiares de otros manifestantes del 11J que temen por la seguridad de los suyos.
El caso de esta ex presa política evidencia la fragilidad de los beneficios de excarcelación otorgados por el sistema judicial y la nula voluntad del ejecutivo cubano de garantizar derechos fundamentales. Ante la profundización de la crisis estructural de la isla, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la mirada sobre las acciones del Estado, exigiendo el cese de la represión y el respeto a la integridad física y psicológica de los ciudadanos que se atreven a alzar la voz.
