Una mujer de 46 años y su hija de nueve perdieron la vida tras ser arrolladas en la Carretera Central, a la altura de la terminal de ómnibus de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. El suceso, ocurrido en los últimos días, ha generado consternación entre los familiares, quienes exigen una investigación transparente ante la absoluta falta de información por parte de las autoridades de la isla.
Las víctimas fueron identificadas como Liliana Carbonell Cueto, quien falleció en el lugar del impacto, y su pequeña Elisabet Isel Díaz Carbonell, quien fue trasladada al hospital pediátrico local y perdió la vida un día después. Según confirmaron fuentes locales a este medio, el conductor del vehículo presuntamente es un cubano residente en Estados Unidos que se encontraba de visita en el país. Aunque circulan versiones que apuntan a que el chofer iba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, estas acusaciones no han sido esclarecidas por la oficialidad.
El dolor de la familia se ha visto agravado por el hermetismo oficial. Hasta el momento, el régimen de La Habana no ha emitido ningún comunicado sobre las circunstancias del siniestro ni sobre la situación legal del responsable. La muerte de Liliana deja además a dos adolescentes de 17 años sin su madre, mientras que el padre de la menor publicó un desgarrador mensaje en redes sociales lamentando la pérdida de su hija. Los allegados han reclamado públicamente justicia y un proceso investigativo \»serio\» que esclarezca los hechos.
Crisis vial y opacidad informativa en Cuba
Este trágico evento se enmarca en la profunda crisis de seguridad vial y el deterioro de la infraestructura que atraviesa el país. Las deficientes condiciones de las carreteras, la falta de señalización adecuada y la ausencia de un control estatal eficaz contribuyen a que Cuba mantenga alarmantes índices de accidentalidad. Según el último reporte de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), se contabilizaron 7.511 accidentes de tránsito, con un saldo de 636 fallecidos y más de 6.600 lesionados.
La falta de transparencia en casos como el de Santa Clara refleja la habitual política de la dictadura cubana de opacar informaciones que puedan generar conmoción social o evidenciar la inoperancia de las instituciones. Ante la ausencia de canales oficiales confiables, la ciudadanía se ve obligada a recurrir a las redes sociales para visibilizar tragedias y exigir respuestas, profundizando la brecha de desconfianza entre la población y un sistema que prioriza el control informativo sobre el bienestar y la seguridad de los cubanos.
