Los colectivos feministas Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba verificaron dos nuevos crímenes de odio machista en La Habana y Camagüey, sumando 38 víctimas mortales en 2025. Estos hechos, ocurridos en menos de 24 horas tras el asesinato de una maestra en Ciego de Ávila, evidencian la escalada de violencia contra las mujeres y la profunda inacción institucional del régimen de La Habana para protegerlas.
El primer caso confirmado es el de Heidy León Domínguez, una transportista privada que conducía un bicitaxi eléctrico, atacada por desconocidos en un intento de robo en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón. En la agresión, perpetrada con extrema violencia durante la noche del 23 de octubre, también resultaron gravemente heridas su pareja y una niña que la acompañaban. El segundo feminicidio corresponde a Maidelín Reyes Hernández, de 49 años, asesinada el 24 de septiembre en su vivienda del reparto El Van, en Vertientes, Camagüey, por su expareja, quien irrumpió en el hogar ante la presencia de su hija y nietas.
La verificación de estos crímenes fue posible gracias al trabajo de fuentes comunitarias y ciudadanos, dado que el Estado cubano no publica de manera sistemática estadísticas anuales ni ofrece datos desagregados sobre la violencia de género. Esta opacidad institucional impide dimensionar la magnitud real del fenómeno. Mientras las autoridades de la isla utilizan eufemismos como \»asesinato por razones de género\» para evadir responsabilidades, la dictadura cubana mantiene un entorno hostil que criminaliza el activismo feminista y restringe el acceso a expedientes policiales, obstaculizando el trabajo de los observatorios independientes.
Impunidad y ausencia de marco legal
Desde 2019, los observatorios han documentado al menos 300 feminicidios en la nación caribeña, además de múltiples intentos. A pesar de esta alarmante cifra, la legislación cubana carece de una tipificación legal específica para el feminicidio y el gobierno cubano no ha implementado protocolos públicos de registro ni una ley integral contra la violencia machista. Esta inacción legislativa y judicial se suma a la profunda crisis estructural que atraviesa el país, caracterizada por el desabastecimiento, el colapso de los servicios públicos y un contexto de inseguridad ciudadana que deja a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad.
El incremento sostenido de estos crímenes en 2025 augura un panorama sombrío para la seguridad de las mujeres en la isla. Ante la pasividad del ejecutivo cubano y la ausencia de mecanismos de protección estatal, la presión de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos se vuelve indispensable para exigir transparencia, justicia y el fin de la represión contra quienes intentan visibilizar esta tragedia social.
