Plataformas independientes confirmaron el asesinato machista de Yamila Zayas Toledo en la provincia de Matanzas, un crimen que ocurrió apenas un día después de que la víctima denunciara a su agresor ante las autoridades. Este caso eleva a 33 los feminicidios documentados en la isla en lo que va de 2025, evidenciando la ineficacia institucional para proteger a las mujeres ante la violencia de género.
El feminicidio tuvo lugar en el municipio de Jagüey Grande, donde Zayas Toledo, de 35 años, fue asesinada frente a su hija menor. Según denunciaron los colectivos feministas Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas, la víctima acudió a la policía local para presentar una queja formal contra su victimario. Sin embargo, la negligencia de los cuerpos de seguridad del régimen de La Habana permitió que el individuo no fuera contenido, resultando en su asesinato al día siguiente y dejando huérfanos a sus tres hijos, dos de ellos menores de edad que ahora requieren atención psicológica especializada.
Esta tragedia no es un hecho aislado en el panorama nacional. Recientemente, el cuerpo sin vida de Daily Acosta, una joven de 24 años y madre de dos niñas, fue hallado en las inmediaciones del Parque Lenin tras dos días de búsqueda desesperada por parte de familiares y vecinos de la comunidad de La Güinera. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil siguen rastreando otros tres presuntos feminicidios en Santiago de Cuba, Villa Clara y Camagüey, enfrentando el hermetismo de las instituciones estatales que les niegan el acceso a los resultados de las indagaciones policiales.
Impunidad y criminalización del activismo
Desde 2019, el Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han verificado más de 270 feminicidios, incluyendo 55 casos documentados solo en 2024. Esta labor se realiza en un entorno de clara hostilidad, donde la dictadura cubana criminaliza el activismo feminista y mantiene un bloqueo informativo sobre las estadísticas oficiales. A esto se suma la inexistencia de una tipificación legal específica para el feminicidio en el código penal, lo que invisibiliza la magnitud de la violencia machista y exime al Estado de implementar protocolos de protección y atención eficaces.
La escalada de violencia de género en la isla refleja el colapso profundo de los mecanismos de seguridad y justicia social que el gobierno cubano asegura garantizar. Ante la inacción del ejecutivo cubano, las organizaciones independientes exigen la implementación urgente de medidas reales de protección para las víctimas y alertan sobre las consecuencias irreversibles que sufre la ciudadanía, especialmente las menores que sobreviven a estos episodios de extrema violencia, en un país donde el acompañamiento profesional también padece el déficit de la crisis estructural.
