La Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Cuba mantienen en hermetismo el proceso penal contra el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, generando confusión ciudadana sobre la posibilidad de que enfrente múltiples juicios por delitos conexos. La falta de transparencia del régimen de La Habana en un caso que involucra a una alta figura del aparato estatal ha desatado interrogantes sobre el manejo legal de los diez cargos imputados, entre los que destacan espionaje y malversación.
La incertidumbre pública estalló tras unas declaraciones al periódico oficialista Granma por parte del vicepresidente de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, Arnel Medina Cuenca. El especialista sugirió la existencia de \»al menos dos expedientes distintos\» contra Gil, indicando que el tribunal comenzó a juzgar el delito de espionaje por ser el único en el que figura como acusado principal. Medios de comunicación, tanto dentro como fuera de la isla, reprodujeron esta versión sin profundizar en las inconsistencias procesales que revela la segregación de causas que, técnicamente, conforman una sola cadena criminal.
Desde una perspectiva jurídica, los diez ilícitos penales imputados al exviceprimer ministro —que incluyen espionaje, sustracción de documentos clasificados, malversación, cohecho, tráfico de influencias, lavado de activos y evasión fiscal— son delitos conexos. La doctrina penal establece que cuando una infracción es el medio necesario para cometer otra, el proceso debe unificarse. Resulta ilógico plantear un juicio separado por malversación cuando este delito no puede ejecutarse sin incurrir previamente en actos contra la actividad económica, la fe pública o la hacienda pública. Técnicamente, la unidad de acciones exige que se juzgue todo en una misma causa, sancionando a cada implicado por la infracción de mayor gravedad en la que participó.
Además, la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo posee la jurisdicción y competencia total para juzgar todos los delitos comunes imputados a Gil y a sus coacusados —cuyos nombres permanecen en el anonimato—, dado que al menos uno de los cargos corresponde a su fuero. La separación de los expedientes no responde a una necesidad legal, sino a una decisión política de las autoridades de la isla para controlar la narrativa.
El secretismo como herramienta de control institucional
El hermetismo con el que el ejecutivo cubano maneja este caso no es una anomalía, sino la regla. La dictadura cubana ha implementado un secretismo utilitario que le permite ocultar el alcance real de la corrupción en las altas esferas, la cual está directamente vinculada al colapso económico, la hiperinflación y el desabastecimiento que sufre la población. Al sustraer información sobre los cómplices de Gil y fragmentar los delitos, el régimen de La Habana busca minimizar el impacto político de un escándalo que evidencia el fracaso de su gestión y la podredumbre institucional del sistema.
El manejo arbitrario del caso Alejandro Gil envía un mensaje claro sobre la falta de independencia judicial en el país y refuerza la percepción de que la justicia en Cuba responde a los intereses del poder antes que a la legalidad. Mientras la ciudadanía enfrenta la crisis estructural y la represión cotidiana, la opacidad continúa protegiendo los engranajes del Estado, dejando en el aire la duda sobre si algún día se conocerá la verdad completa sobre el saqueo de los recursos nacionales y la red de impunidades que lo sostuvo.
