Evangelio Sánchez Alayo, de 63 años, fue liberado recientemente tras pasar un año y dos meses detenido arbitrariamente por la dictadura cubana. Su caso ilustra el uso de la acusación de terrorismo para criminalizar a la disidencia pacífica, dejándolo con secuelas de salud irreversibles tras contraer tuberculosis y dengue en las cárceles de Santiago de Cuba.
La detención de Sánchez Alayo ocurrió en noviembre de 2023, un día después de que dos individuos identificados como cubanoamericanos se acercaran a su vivienda en Songo, Santiago de Cuba, solicitando ayuda para localizar a otro activista de la zona. Los sujetos confesaron planes de ejecutar acciones violentas contra el gobierno cubano, una propuesta que el opositor rechazó de plano por su defensa de la lucha cívica pacífica. Al día siguiente, agentes de la Seguridad del Estado lo arrestaron en un parque y lo acusaron de vincularse con \»elementos terroristas\», señalando que los visitantes planeaban colocar explosivos. El activista fue víctima de lo que parece ser una trampa de la inteligencia estatal para justificar redadas en la zona oriental.
Tras su arresto, el régimen de La Habana lo sometió a un peregrinaje por diversas prisiones de la provincia, incluyendo los centros de detención de Versalles, Aguadores, Mar Verde y Boniato. Durante su reclusión, que se extendió por 14 meses sin celebrarse juicio ni existir expediente judicial que sustentara los cargos, su salud se deterioró críticamente. Sánchez Alayo, quien padecía previamente de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), contrajo dengue en dos ocasiones y tuberculosis, esta última causante de un derrame pleural en su pulmón izquierdo. El opositor pasó 13 días en huelga de hambre involuntaria durante su primer ingreso, perdiendo peso y masa muscular de forma alarmante, hasta el punto de que sus familiares no lograron reconocerlo al verlo.
Criminalización de la disidencia y colapso penitenciario
El caso de Sánchez Alayo no es un hecho aislado, sino una muestra del patrón sistemático de la dictadura cubana para silenciar a los críticos mediante el secuestro legal y el abandono médico. Las autoridades de la isla han encontrado en la etiqueta de \»terrorismo\» una herramienta útil para encarcelar opositores sin pruebas, evitando el escrutinio internacional sobre violaciones a los derechos humanos. A esta práctica se suma el precario y insalubre estado del sistema penitenciario cubano, donde enfermedades como la tuberculosis y el dengue proliferan por el hacinamiento y la falta de higiene, funcionando como una pena añadida que amenaza la vida de los reclusos políticos.
Hace poco más de tres meses, ante el riesgo inminente de muerte en prisión, el ejecutivo cubano le concedió una licencia extrapenal. Sin embargo, la liberación no representa una restitución de sus derechos. Hoy, Sánchez Alayo está incapacitado para trabajar, sufre de fatiga extrema y dificultades respiratorias, y depende del cuidado de su madre nonagenaria. Su futuro, como el de cientos de excarcelados políticos, queda marcado por la indigencia y el deterioro físico, evidenciando cómo la represión estatal no termina con la salida de la celda, sino que se prolonga en la marginación y el abandono sistemático de quienes osaron alzar la voz contra el poder.
