El Gobierno de Panamá ha prorrogado la obligatoriedad de la visa de tránsito para los ciudadanos cubanos que realicen escalas o viajen a través de su territorio, una medida que permanecerá vigente hasta julio de 2026. La decisión, publicada en la Gaceta Oficial panameña mediante el Decreto Ejecutivo N° 22, actualiza una política migratoria implementada en 2022 para regular el flujo de pasajeros provenientes de la isla.
La normativa establece que todo pasajero o tripulante cubano en tránsito deberá contar con un permiso especial emitido por la embajada de Panamá en La Habana, el cual autoriza una permanencia máxima de 24 horas en la zona internacional del aeropuerto. El trámite, cuyo costo asciende a 50 dólares, debe gestionarse de manera presencial o a través de un apoderado ante el Servicio Nacional de Migración panameño, con al menos 30 días de antelación a la fecha del viaje. Se exige completar un formulario, anexar dos fotografías, copia del pasaporte con vigencia mínima de seis meses, carnet de identidad y el itinerario del viaje.
No obstante, el decreto contempla una serie de excepciones. Quedan exentos quienes demuestren tener un contrato de trabajo legalizado en su país de destino final, así como aquellos que posean visas de turista o residencia vigentes en Panamá. También se exceptúa a los viajeros que cuenten con visas múltiples utilizadas previamente de naciones como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia o los países de la Unión Europea, así como a quienes tengan residencia permanente en terceros países y viajen de retorno a estos.
Impacto del éxodo cubano en la región
Esta extensión de las medidas migratorias panameñas se enmarca en el contexto del imparable éxodo cubano, una crisis demográfica directamente atribuible al colapso económico y la falta de libertades impulsados por el régimen de La Habana. La incapacidad del gobierno cubano para garantizar condiciones de vida dignas, sumada a la profunda represión social, ha forzado a miles de ciudadanos a buscar rutas migratorias hacia terceros países, obligando a naciones de tránsito a endurecer sus controles fronterizos.
En el año 2023, las autoridades panameñas ya habían ajustado su política migratoria reduciendo el tiempo de estadía turística de 90 a 15 días y elevando el requisito de solvencia económica de 500 a 1.000 dólares en los puestos de entrada. Estos cambios formaron parte de una estrategia regional para contener la llegada masiva de migrantes que cruzan por el istmo centroamericano.
La prolongación de la visa de tránsito para los cubanos evidencia cómo la ineficiencia y el control autoritario de la dictadura cubana no solo asfixian a su propia población, sino que generan repercusiones diplomáticas y administrativas complejas a lo largo de toda América Latina. Mientras el ejecutivo cubano mantenga intactas las políticas que ahogan la economía isleña y reprimen la disidencia, la presión migratoria sobre países como Panamá continuará siendo un desafío ineludible para la comunidad internacional.
