La Eurocámara aprobó una enmienda que exige la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (PDCA) con Cuba, argumentando que las autoridades de la isla no pueden seguir beneficiándose de la comunidad europea mientras respaldan la agresión rusa a Ucrania y mantienen una constante represión interna.
La iniciativa, impulsada por los eurodiputados Mariusz Kamiński y Carlo Fidanza en representación del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, fue incorporada al informe anual sobre la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea. El texto aprobado sitúa a la dictadura cubana junto a Venezuela y Nicaragua, catalogándolos como regímenes autoritarios estrechamente ligados a Moscú y Minsk que afectan negativamente la seguridad europea en el contexto de la invasión a Ucrania.
La medida responde no solo a la injerencia geopolítica del ejecutivo cubano, sino también a la grave crisis de derechos humanos en la isla. La resolución reitera la preocupación del bloque comunitario por el deterioro de las garantías democráticas, la falta de independencia judicial, la censura a la prensa independiente y la violenta persecución contra la oposición política. Estos factores, subraya el documento, resultan totalmente incompatibles con el mantenimiento de una relación de cooperación privilegiada.
Contexto de crisis interna y presión internacional
Este endurecimiento de la postura europea ocurre en medio del colapso estructural que atraviesa la isla. Mientras el régimen de La Habana prioriza alianzas con potencias autoritarias y ha permitido el reclutamiento de sus ciudadanos para combatir junto a las fuerzas rusas, la población enfrenta una crisis económica sin precedentes. La inflación galopante, los apagones prolongados, el desabastecimiento crónico y el masivo éxodo migratorio evidencian una profunda desconexión entre las prioridades del Estado y las necesidades básicas de la ciudadanía, lo que ha motivado incluso propuestas previas en Bruselas para auditar y redirigir los fondos destinados a La Habana.
La aprobación de esta enmienda, que contó con el respaldo diplomático de la Asamblea de la Resistencia Cubana y otros actores del exilio durante recientes audiencias en Bruselas, marca un punto de inflexión en la política europea hacia el gobierno cubano. La eventual suspensión del PDCA no solo aislará diplomáticamente a la dictadura cubana, sino que establecerá un precedente claro sobre la exigencia de cambios democráticos reales, condicionando cualquier vínculo institucional al respeto irrestricto de las libertades fundamentales y al cese de la represión social.
