La opositora, condenada a 14 años por las protestas del 11J, decidió plantarse en la prisión de Los Colonos tras las declaraciones de Miguel Díaz-Canel negando la existencia de presos políticos en la isla. Sus familiares alertan sobre su delicado estado de salud y el abandono médico al que está sometida.
La presa política Lizandra Góngora Espinosa ha comenzado una huelga de hambre y sed en la cárcel de Los Colonos, ubicada en la Isla de la Juventud, según denunciaron su esposo, Ángel Delgado, y su primo, Ariel Góngora. La medida extrema fue adoptada en respuesta directa a las recientes declaraciones del gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, quien en una entrevista con la cadena estadounidense NBC aseguró que en Cuba no existen presos políticos, atribuyendo las encarcelaciones a \»hechos vandálicos\».
Para la familia, la protesta busca refutar la narrativa oficial de la dictadura cubana y visibilizar el trato degradante que recibe en el penal. Sus allegados detallan que la huelga responde a un constante acoso y represalias por parte de las autoridades penitenciarias, quienes le niegan el régimen de mínima severidad, la mantienen aislada de sus hijos —a los que no ve desde hace cuatro meses— y la someten a presiones psicológicas continuas.
Condiciones carcelarias y crisis penitenciaria
La situación de Góngora es especialmente alarmante debido a su precario estado de salud. Padece de un fibroma uterino y anemia falciforme (sicklemia), enfermedades que se agravan ante la falta de atención quirúrgica y la escasez de medicamentos en el sistema carcelario. Este abandono médico refleja una práctica sistemática del régimen de La Habana, que utiliza la privación de salud como herramienta de castigo contra los activistas y manifestantes detenidos tras el estallido social del 11 de julio de 2021.
El caso de Lizandra Góngora es uno de los más graves dentro de la represión del 11J. Según el expediente de la organización Justicia 11J, ella y Brenda Díaz cumplen las condenas más severas impuestas a mujeres por motivos políticos, alcanzando los 14 años de privación de libertad. Madre de cinco hijos —cuatro de ellos menores de edad—, su encarcelamiento fue nuevamente documentado por la ONG Prisoners Defenders como parte de la tragedia de las madres separadas de sus hijos por la represión estatal.
Esta no es la primera vez que la activista recurre a la huelga de hambre para exigir sus derechos; a inicios de 2025 ya había advertido que no aceptaría sueros ni alimento hasta que se respetara su dignidad. El desenlace de esta nueva protesta plantea un desafío para la dictadura, que se enfrenta a la posibilidad de un fallecimiento en prisión bajo su responsabilidad directa, mientras la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la mirada puesta sobre el deterioro de las libertades fundamentales y la vida de los reclusos en la isla.
