El joven Liosnel López Arocha, condenado a 12 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, se encuentra en huelga de hambre y recluido en una celda de castigo. La denuncia fue realizada por su madre, Maira Arocha, quien responsabilizó a las autoridades penitenciarias por la integridad física de su hijo tras negarle el acceso para visitarlo.
A través de redes sociales, Arocha detalló que tuvo conocimiento de la situación por el testimonio de otros reclusos. Al acudir al centro penitenciario, el personal de la institución le confirmó la medida disciplinaria, pero le prohibió el contacto directo con su hijo. \»Nadie está autorizado a darle golpes y cualquier cosa que le pase es responsabilidad de ustedes\», advirtió la madre, quien también exigió la liberación inmediata de todos los presos políticos de la isla. López Arocha fue sentenciado bajo los cargos de \»desórdenes públicos\» y \»atentado\» en el marco de los procesos judiciales abiertos contra los manifestantes.
Crisis carcelaria y represión sistemática
El caso de López Arocha se enmarca en un agravamiento exponencial de la represión en la isla. Según el informe más reciente de la organización Prisoners Defenders, al cierre de marzo Cuba registraba 1.250 presos políticos, la cifra más alta documentada por la entidad. El reporte detalla que, desde julio de 2021 hasta marzo de 2026, más de 2.000 personas han pasado por las prisiones por motivos políticos, muchas de ellas vinculadas a las manifestaciones sociales, los apagones y el descontento generalizado en distintas provincias.
La dictadura cubana ha consolidado un patrón de violaciones a los derechos humanos frente a la crisis estructural que atraviesa el país. Organizaciones internacionales han advertido reiteradamente sobre las deplorables condiciones de reclusión, que incluyen denuncias de torturas, aislamiento prolongado, falta de atención médica y agresiones físicas contra quienes se atreven a exigir libertades. Estas prácticas represivas se suman al colapso económico, la inflación y el desabastecimiento que han precipitado el mayor éxodo migratorio en la historia reciente de la nación.
La situación de Liosnel López Arocha y el resto de los reclusos del 11J representa un desafío persistente para la comunidad internacional, que ha exigido al régimen de La Habana el respeto al debido proceso y la apertura de un diálogo democrático. Mientras tanto, la persistencia de estas políticas coercitivas profundiza el deterioro institucional y augura mayores tensiones sociales en el corto plazo, dejando en evidencia la incapacidad del ejecutivo cubano para gestionar la crisis mediante vías distintas a la fuerza y el silenciamiento.
