El preso político Yasniel Mariño Himely, condenado a seis años por participar en las protestas del 11J, ha denunciado que las autoridades penitenciarias le adeudan más de tres meses de salario. El recluso cumple su condena en un campamento en San Miguel del Padrón, donde realiza jornadas de hasta 12 horas en la recogida de desechos sólidos sin equipo de protección ni pago alguno, evidenciando una vez más las condiciones de explotación dentro del sistema carcelario cubano.
Mariño Himely, de 35 años y residente en el reparto Mantilla, Arroyo Naranjo, cumple su condena en el Campamento de Prisioneros No. 16, adscrito al centro penitenciario de máximo rigor El Pitirre. Según relató en una comunicación telefónica, su labor consiste en apoyar a la Empresa de Servicios Comunales en la recolección de basura, una actividad de alto riesgo para la cual el régimen de La Habana no provee overoles, guantes ni vestuario especializado. El último pago que recibió correspondió al mes de febrero, pese a que sus jornadas laborales oscilan entre 10 y 12 horas diarias.
El mecánico por cuenta propia fue privado de libertad el 14 de julio de 2021, apenas tres días después de sumarse a las históricas manifestaciones antigubernamentales. La dictadura cubana lo arrestó de forma violenta, procediendo a golpearlo y confiscarle varios de sus bienes personales. Posteriormente, fue condenado a seis años de privación de libertad bajo los presuntos delitos de \»atentado\», \»desórdenes públicos\» y \»desacato\», cargos habituales utilizados por el aparato represivo para criminalizar la disidencia y la protesta social.
Ante los reclamos constantes del recluso, tanto el anterior director como el actual jefe de la unidad penitenciaria han justificado la falta de pago bajo un mismo argumento: \»no hay dinero\». Esta excusa se suma a la precaria economía interna de las prisiones, donde el exiguo salario percibido por los reclusos en régimen abierto es sometido a descuentos obligatorios. De estos montos, las autoridades de la isla retiran fondos para el aseo personal —que muchas veces no se entrega—, los cortes de cabello y una alimentación calificada como insuficiente y de pésima calidad.
Trabajo forzado y crisis penitenciaria
El caso de Mariño Himely no es un hecho aislado, sino una muestra del colapso estructural que atraviesa el sistema carcelario y la economía nacional. La utilización de presos políticos y comunes como mano de obra barata o esclava para suplir las deficiencias de servicios públicos como la recogida de basura refleja la incapacidad del gobierno cubano para gestionar la infraestructura básica del país. Mientras la inflación y el desabastecimiento azotan a la población, el Estado recurre a la explotación de los reclusos para mantener operativas entidades estatales deficitarias.
Esta situación de trabajo forzado sin remuneración constituye una grave violación de los derechos humanos que compromete aún más la responsabilidad internacional del régimen. La persistencia de estas prácticas represivas y explotadoras contra los manifestantes del 11J sigue siendo objeto de escrutinio por parte de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales han exigido sistemáticamente la liberación incondicional de los presos políticos y el cese de los abusos en las cárceles de la isla.
