El preso político cubano Ramón Pérez Conde, recluido en el Combinado del Este, denunció haber sido víctima de una violenta golpiza por parte de oficiales penitenciarios, quienes lo golpearon y casi lo asfixian durante un incidente ocurrido el pasado viernes en la prisión de máxima seguridad.
En una comunicación telefónica desde el penal, el activista relató que el ataque se desató cuando aproximadamente cinco oficiales ingresaron a su cubículo. Tras un breve intercambio de palabras, los guardias lo empujaron hacia el interior de su celda y lo esposaron. Pérez Conde identificó al segundo jefe de unidad, identificado únicamente como \»Yuniel\», como uno de los principales agresores, quien le propinó dos bofetadas en el rostro mientras otro funcionario lo sujetaba por el cuello.
Según el testimonio del opositor, la violencia escaló cuando fue estrellado contra la pared del baño. \»Yo empecé a gritar ‘¡Abajo Raúl!’. Cuando comencé a gritar me apretó tanto el cuello que por poco me asfixia\», detalló Pérez Conde, quien reportó inflamación en el cuello tras el ataque y aseguró que lo mantuvieron esposado durante cinco horas. Este tipo de arbitrariedades reflejan el nivel de violencia física y psicológica que la dictadura cubana ejerce de manera sistemática contra los activistas encarcelados.
Condena por exigir libertades
La reclusión de Pérez Conde responde directamente a la ola de criminalización de la disidencia impulsada por el régimen de La Habana tras las protestas históricas de 2021. El activista fue detenido a finales de junio de ese año y posteriormente condenado a 12 años de prisión bajo el cargo de \»propaganda enemiga\». Las autoridades judiciales fundamentaron su sentencia señalando que sus transmisiones en redes sociales tenían \»contenido contrarrevolucionario\» y supuestamente incitaban al \»derrocamiento del Estado socialista\».
El caso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en la profunda crisis de derechos humanos y el colapso del sistema penitenciario en la isla, donde el hacinamiento, el desabastecimiento y los maltratos son una constante denunciada por organizaciones internacionales. Las acciones represivas contra figuras como Pérez Conde evidencian la negativa del ejecutivo cubano de abrir espacios de diálogo, optando en su lugar por el endurecimiento de las penas para silenciar cualquier forma de disidencia política.
Ante la persistencia de estas prácticas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos continúan exigiendo a las autoridades de la isla el cese inmediato de la represión carcelaria y la liberación incondicional de los presos políticos. La comunidad internacional mantiene su escrutinio sobre la situación en los penales cubanos, aunque la falta de mecanismos de exigibilidad permite que la impunidad de los guardias y funcionarios involucrados en estos abusos siga siendo la norma dentro del sistema penal del país.
