La Asamblea de la Resistencia Cubana plantea en su Plan de Salvación Nacional una profunda reforma del sistema judicial para devolverle la autonomía frente al poder político, actualmente inexistente. La iniciativa propone erradicar la subordinación de los tribunales al Consejo de Estado y retomar el modelo constitucional de 1940 como base para garantizar las libertades individuales tras una eventual transición democrática.
El diagnóstico de la propuesta es contundente respecto a la situación actual de la isla. Bajo la dictadura cubana, el Poder Judicial ha operado históricamente como un brazo represivo del Estado, suprimiendo cualquier atisbo de independencia. La arquitectura institucional vigente obliga a los tribunales a responder a la voluntad del partido único, convirtiendo la justicia en una herramienta de control político y persecución ideológica en lugar de un mecanismo de protección ciudadana y garantía de derechos fundamentales.
Para revertir este colapso institucional, el plan aboga por reinstaurar el modelo republicano inspirado en la Constitución de 1940. La iniciativa contempla la eliminación de las jurisdicciones creadas por el régimen de La Habana, tales como los tribunales militares, revolucionarios y populares de base, por considerarlos estructuras de vigilancia partidista más que de impartición de justicia. En su lugar, se propone reactivar el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales y establecer un Tribunal Supremo de Justicia electo por mayorías especiales en el Parlamento, desvinculado de los ciclos electorales del Ejecutivo para asegurar su estabilidad y legitimidad.
Limitar el poder del Estado para proteger al individuo
El coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez-Boronat, subraya que la reconstrucción del Estado de Derecho es la prioridad para cualquier transición. El opositor señala que las autoridades de la isla han diseñado un sistema donde el poder judicial está sometido al legislativo, y este a su vez al ejecutivo, anulando el equilibrio de poderes. Por ello, el plan insiste en acordar mecanismos transparentes y despolitizados para la elección de jueces en todos los niveles, con el fin de limitar el poder estatal y proteger los derechos del individuo frente a los abusos del gobierno.
Esta propuesta de reforma judicial se enmarca en la profunda crisis estructural que atraviesa la isla, caracterizada por la constante violación de los derechos humanos, el desabastecimiento crónico y un éxodo migratorio sin precedentes. La falta de un sistema judicial independiente ha permitido a la dictadura criminalizar la protesta social y mantener un clima de represión generalizada. La implementación de un marco jurídico autónomo no solo representaría un paso vital para la reconciliación nacional y la recuperación de la confianza ciudadana, sino que también condicionará el respaldo de la comunidad internacional hacia una verdadera apertura democrática en Cuba.
