Con tres ascensos en menos de dos años, la trayectoria de Oscar Pérez-Oliva Fraga dentro de la cúpula del poder en Cuba sugiere un movimiento orquestado para reposicionar a la familia Castro en la cúspide del Estado, en medio de una crisis sistémica que ha erosionado la legitimidad del actual presidente, Miguel Díaz-Canel. Su designación como diputado en los próximos meses completaría los requisitos formales para que la Asamblea Nacional lo nombre nuevo jefe de Estado.
El régimen de La Habana ha gestionado la sucesión política como un ejercicio de maquinaria interna donde la voluntad popular no interviene. La reciente reactivación de Raúl Castro al frente del Consejo de Defensa Nacional evidenció una vez más la disposición de las autoridades para soslayar los procedimientos constitucionales cuando los intereses del núcleo duro del poder lo exigen. En ese esquema, la designación de Pérez-Oliva Fraga como sucesor responde más a la lógica de control familiar que a cualquier proceso democrático verificable.
La urgencia con la que se han sucedido los movimientos internos revela una doble preocupación dentro del gobierno cubano: por un lado, la necesidad de asegurar antes de 2028 un administrador leal y disciplinado; por otro, el creciente descontento con una \»reserva de cuadros\» que ha demostrado incapacidad, ambición desmedida y niveles de corrupción que contradicen el discurso oficial sobre la unidad como fortaleza del sistema. Las divisiones internas y la desconfianza en la capacidad de los dirigentes actuales para contener un estallido social han acelerado los tiempos de una transición que pretendía dilatarse.
El fracaso de Díaz-Canel como parapeto y el regreso de Raúl Castro
Miguel Díaz-Canel fue colocado en la presidencia con una función esencialmente defensiva: absorber el desgaste generado por medidas económicas impopulares como la Tarea Ordenamiento y servir como pantalla frente al descontento ciudadano. Ese papel, sin embargo, ha llegado a su límite. La gestión del ejecutivo cubano ha sido incapaz de revertir el colapso económico, la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y el éxodo migratorio masivo que definen la realidad de la isla. La figura presidencial se encuentra hoy tan desprestigiada que su utilidad como amortiguador político se ha agotado.
En este contexto, la reaparición de Raúl Castro como jefe del Consejo de Defensa Nacional no es casual. La dictadura cubana recurre al control familiar cuando percibe que las condiciones para una explosión social se tornan inminentes. Pérez-Oliva Fraga emerge entonces como la figura seleccionada para retomar una ruta que quedó interrumpida con la muerte repentina de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja en julio de 2022, quien acumulaba los requisitos para suceder a Díaz-Canel una vez cumplido su papel decorativo y de contención social.
El peso de GAESA y la continuidad del modelo militar-empresarial
El ascenso de Pérez-Oliva Fraga debe leerse también en clave económica. Durante su mandato, Raúl Castro priorizó el fortalecimiento de GAESA y la élite militar que orbita en torno a ese conglomerado empresarial, sacrificando las condiciones de vida de millones de cubanos en favor de la consolidación patrimonial de un grupo reducido. Ningún miembro del núcleo castrista podía exponerse demasiado como para ser señalado directamente por la catástrofe, de ahí la utilidad de figuras externas como Díaz-Canel o, antes, Marino Murillo, como rostros visibles de políticas diseñadas en la sombra.
La trayectoria de Alejandro Castro Espín como máximo jefe de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional, entidad creada entre 2004 y 2008 con poder supremo sobre los ministerios de Interior y las Fuerzas Armadas, confirma que la arquitectura del poder en Cuba nunca abandonó el control familiar. Su papel protagónico en las negociaciones con el gobierno de Barack Obama y su gira por Europa bajo fachadas académicas evidenciaron una estrategia de reposicionamiento que ahora parece retomarse con la figura de Pérez-Oliva Fraga. La pregunta que resta es si la ciudadanía, sumida en la peor crisis económica de las últimas décadas, seguirá aceptando un modelo de sucesión que la excluye por completo.
